La eliminación de las asignaturas se efectivizó en el marco de la Resolución 15.062, aprobada por el consejo directivo de la Facultad de Derecho, al considerarse que deben darse de baja aquellas comisiones que no alcancen la inscripción mínima de diez alumnos. Según diferentes integrantes de agrupaciones estudiantiles que activan en dicha casa de estudios, la exclusión de las tres materias ha sido el resultado de una condena explícita decidida por los alumnos en el marco de debates presenciales y virtuales en relación al perfil de los reprendidos.

Un mes atrás, la comunidad académica de esa institución promovió una solicitud de juicio académico para remover a Ercolini, ante la escandalosa filtración de audios e intercambios de mensajes ligados al grupo de tareas jurídico-mediático que participó de un retiro espiritual en las adyacencias de la propiedad del magnate británico Joe Lewis. Luego de la filtración de las comunicaciones –donde se dejaba en claro el rol central de Ercolini–, los firmantes de la solicitada justificaron su exigencia en la “falta de ética académica, indignidad moral o inconducta notoria”. Dicho petitorio fue avalado por una veintena de profesores de esa Facultad y suscripto por miles de alumnos.

En la misma semana en que los tres operadores judiciales fueron raleados de sus cátedra, otro integrante de la troupe de los escondidos, Marcelo D’Alessandro, debió renunciar al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos fueron partícipes del viaje a Río Negro junto a Pablo Yadarola (magistrado del juzgado Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de la Cámara de Casación Penal) y el procurador porteño Juan Batista Mahiques. Los encargados de recibir a los operadores judiciales fueron Pablo Casey –sobrino de Héctor Magnetto y director de asuntos legales e institucionales del Grupo Clarín– y Jorge Rendo, CEO del grupo empresario comandado por Magnetto.

Los tres profesores cuestionados fueron lapidados simbólicamente con la ausencia de inscriptos a sus cursos. Los repudios fueron prologados por informes realizados por los propios alumnos, quienes sintetizaron sus currículums con sus antecedentes más ocultos. En el caso de Ercolini, las interacciones de los estudiantes en los foros de debate sobre la Facultad subrayaron, fundamentalmente, la utilización política del suicidio del fiscal Natalio Alberto Nisman, cuya instrucción está radicada en su juzgado desde hace más de seis años, tratando de que dicha causa no llegue al juicio oral y público, algo que pondría en situación comprometida a su socia política Patricia Bullrich, quien contribuyó a instalar la delirante teoría del comando iraní venezolano, manipulando las pericias judiciales a través de sus subalternos de la Gendarmería. Desde que Ercolini tiene en su juzgado la causa de la muerte del fiscal, se negó en forma sistemática a cotejar las conclusiones periciales con las realizadas por el Cuerpo Médico Forense, los especialistas de la Policía Federal y el laboratorio del Centro de Investigaciones Fiscales de la procuración de Salta. Los informes brindados por estas tres últimas agencias consignaban que “al momento del disparo no había ninguna otra persona en el baño”.

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