No lo dice explícitamente la Ley Fundamental, pero se sobreentiende que esa urgencia refiere a cuestiones impostergables para el funcionamiento del país y, muy especialmente, a temas que afectan a la ciudadanía y que es menester atender para intentar hallarles una solución.

De los 27 proyectos de ley que Alberto Fernández incluyó en el actual temario de extraordinarias, cuatro refieren a la Justicia, simplemente porque el oficialismo no está de acuerdo con los fallos que controlan la constitucionalidad de los actos de gobierno o que condenan a funcionarios y a exfuncionarios por gravísimos delitos contra la administración pública. Es decir, propone cambios y acusa sin fundamentos valederos porque le perturba la sana independencia de poderes y no siente el más mínimo reparo en abjurar del Estado de Derecho y de los principios republicanos que nos rigen.

Lo que está haciendo el Presidente con esta convocatoria es de una gravedad inusitada. No solo porque propicia el juicio político a los miembros del máximo tribunal del país por mera venganza, sino que lo hace subvirtiendo otra disposición constitucional que prescribe que solo la Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema” por causales que, teniendo en cuenta las que hoy se invocan respecto de los miembros de la Corte, resultan a todas luces improcedentes.

Que en el mismo llamado a sesiones, que comenzarán hoy, se envíen proyectos para ampliar la cantidad de jueces del más alto tribunal del país y para discutir una nueva conformación del Consejo de la Magistratura bajo amenaza de que, si no se consigue por ley, se haría por decreto, es más de la misma aberración jurídica y de otra deleznable afrenta política.

El actual es el cuarto llamado a extraordinarias en lo que va del gobierno de Fernández. En el primero, de los 11 proyectos que envió, se trataron seis; en el segundo año, anunció 25 y los legisladores le aprobaron apenas cuatro; en 2022 envió un temario de 18 y no se aprobó ninguna ley de su procedencia. Debería analizar el Presidente si lo que a él y sus acólitos les preocupan son realmente las prioridades de la población.

someta a peritajes y allanamientos solo admisibles en el ámbito penal, institucionalizar escuchas ilegales para sostener el relato, amenazar con vaciar la Justicia de funcionarios probos y valientes y con reemplazar leyes por decreto son algunos de los aberrantes mojones en esta ruta del autoritarismo más rancio.

Hace pocos días, en un artículo titulado “El juicio político no es un tema de extraordinarias”, su autor, el abogado y dirigente de la UCR Raúl Lo Sasso, se preguntaba si el oficialismo, con su diatriba y sus feroces arremetidas, pretenderá que todos colaboremos con el circo que busca instalar. Tras lo cual escribió: “Llegué a la conclusión de que es un circo sin carpa, un mero desfile vocinglero que solo pretende la mentira y, como dijo el recordado Antonio Escohotado, ‘la verdad se defiende sola, la mentira necesita ayuda del gobierno’”.

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