La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin este martes a una de las causas más largas y emblemáticas causas por corrupción que enfrentó la ex interventora de ENTEL María Julia Alsogaray.

Dejó firmes las condenas por corrupción impuestas a la ex funcionario del ministerio de Economía Yolanda Mirta Eggink y los empresarios Sergio Enrique y Gustavo Mario Meller.

El proceso había comenzado en los años 90 y tuvo un costado político que implicó la renuncia de miembros de la llamada “mayoría automática” de la Corte Suprema de Carlos Menem.

Se trata de la causa caratulada “CFP 9618/2001 - ALSOGARAY, María Julia y otros s/ abuso de autoridad y viol. deb. func. públ (art. 248), negociaciones incompatibles (art. 265), defraudación contra la administración pública y defraudación por administración fraudulenta”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 (]TOF 6) de la Capital Federal había condenado a Eggink a la pena de tres años de prisión en suspenso, y a los hermanos Meller a dos años de prisión en suspenso, por resultar autora y partícipes necesarios, respectivamente, del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

María Julia, entre otras funciones, llegó a ser ministra de Medio Ambiente de Menem luego de su paso por la UCEDE, falleció en el 2017 y se extinguió la persecución penal en su contra en esta y otras causas.

En la causa se acreditó que durante la gestión de María Julia Alsogaray al frente del ente liquidador de ENTEL, mediando la intervención de Eggink -por ese entonces Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación-, fueron dictados actos administrativos para “favorecer en forma ilegítima” los intereses patrimoniales de la UTE conformada por las firmas Meller S.A. y Meller Comunicaciones GTE, cuyos titulares eran los hermanos Meller.

En un primer paso, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos interpuestos por las defensas. Contra ese fallo, la defensa interpuso sendos recursos extraordinarios, que no fueron concedidos, decisión que dio lugar a la interposición de las quejas ante la Corte.

La Corte Suprema, con el voto de Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, entendió que las quejas presentadas son inadmisibles.

El presidente del Tribunal, Horacio Rosatti, se excusó de intervenir en la causa por haber representado los intereses del Estado en el pleito (artículos 17, inciso 7 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Rosatti fue Procurador General del Tesoro y ministro de Justicia en momentos en que representó al Estado en esta causa.

El origen de la causa. En el 2002, María Julia Alsogaray sumó un nuevo procesamiento por delitos federales en una causa abierta el año anterior. El juez Ariel Lijo la encontró responsable de dos delitos distintos en la convalidación de una millonaria deuda que, como interventora de la ex empresa estatal de teléfonos, le reconoció a una empresa privada de comunicaciones.

Los delitos eran los de incumplimiento de los deberes de funcionario público, con penas de hasta dos años de prisión, y el de negociaciones incompatibles con la función, que se castiga con hasta seis años. El embargo que le trabó sobre sus bienes puede ser récord: 32 millones de dólares, que es la cifra que ENTel le reconoció a Meller Comunicaciones S.A. por un trabajo no realizado.

Hasta ese momento, María Julia tenía una sola condena: 3 años de prisión en suspenso por enriquecimiento ilícito por la que tuvo prisión preventiva durante casi dos años. Hasta ese momento fue la única ex funcionaria presa en un caso por corrupción. Además, la ex plurifuncionaria menemista tenía más de 40 causas en trámite, incluidos otros cuatro procesamientos, dos juicios pendientes, tres indagatorias ya tomadas y otras en carpeta.

La causa Meller es la que, además, le costó el cargo a un juez de la Corte. Fue porque en 2002, la llamada "mayoría automática" convalidó el pago que Alsogaray había ordenado para Meller, aunque luego quedó sin efecto por un decreto del ex presidente Néstor Kirchner.

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