La propuesta del diputado provincial oficialista Samuel Vargas de equipar a los policías chaqueños con cámaras corporales generó un fuerte debate y se topó de frente con las críticas del conductor de Alerta Urbana, Gustavo Olivello, quien cuestionó la viabilidad y prioridad de la iniciativa.

Olivello, idóneo basado en sus 31 años de servicios y haber servido en el 90% de las especialidades policiales, reconoció que la idea “no está mal”, pero señaló que el proyecto no aborda el alto costo de implementar cámaras para los 6 mil policías de la provincia, de los cuales 2.500 son operativos. 

El conductor de Alerta Urbana cuestionó la falta de detalles sobre el tipo de cámaras, su fabricación, la necesidad de baterías adicionales y la logística para su uso individual. Además, expresó dudas sobre la validez legal de las grabaciones, que requieren una orden judicial para ser pruebas válidas, y sobre su efectividad para garantizar la seguridad de ciudadanos y agentes.

Para Olivello, la prioridad debería ser mejorar las condiciones económicas de los policías y penitenciarios, argumentando que “proteger la panza del policía y su familia” es fundamental antes de invertir en tecnología. Citando el dicho “panza llena, corazón contento”, sugirió que un policía bien remunerado no necesitaría cámaras. Calificó el proyecto como “para la tribuna” en un contexto de “pausa de gastos” en la provincia.

El conductor de Alerta Urbana mencionó el costo elevado como una de las cuestiones negativas y  estimó que equipar a 2.500 policías operativos requeriría "tres baterías por cámara" y logística de carga en comisarías.

Qué dice el proyecto de Vargas

El proyecto de Samuel Vargas, denominado según el propio diputado “Cámaras Corporales para la Policía del Chaco”, busca dotar a los agentes operativos de dispositivos de videograbación con resolución HD, geolocalización y almacenamiento seguro. 

La iniciativa, analizada por el Comité de Prevención contra la Violencia Institucional, promueve la transparencia, la prevención de la violencia institucional y la protección de derechos. 

Vargas enfatizó que el objetivo es “consolidar una fuerza policial respetada y una ciudadanía segura”, con un enfoque ético y democrático.

 

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