Si bien debió iniciarse el 3 de mayo de 2021, cuando el TOF de Resistencia decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 17 de mayo, teniendo en cuenta que un certificado médico expedido por el estado de salud de Judis vencía el 15 de mayo. Sin embargo, el 17 de mayo el TOF volvió a suspender las audiencias sin fijar una nueva fecha para dar continuidad a esa instancia.

NEGOCIOS INCOMPATIBLES

A Judis se le atribuyen los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de
funcionario público, fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada, peculado y cohecho, todos en concurso real.

La Fiscalía General, a cargo de Federico Carniel, apunta a demostrar también el grado
de responsabilidad y participación de los otros acusados que formaban parte de la conducción de la UNCAus por los mismos delitos que se le atribuyen al rector Judis.

Por su parte, el empresario Juan Carlos Tymkiw deberá responder por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y cohecho activo. La exhaustiva investigación fue llevada adelante por el fiscal Carniel y el equipo del Ministerio Público Fiscal a su cargo. De acuerdo con los elementos de prueba recabados, la fiscalía consideró acreditado que Omar Vicente Judis junto a familiares y amigos habrían ideado, organizado y puesto en funcionamiento una estructura administrativa y académica en la Universidad Nacional de Chaco Austral destinada a obtener y disponer de recursos para beneficio propio y de quienes lo acompañaron.

De esta manera, se habrían aprovechado de los distintos mecanismos implementados en la universidad pública y de la gran cantidad de fondos que esa alta casa de estudios recibió en concepto de programas y partidas presupuestarias que legalmente le correspondía y derivados del Tesoro Nacional.

El supuesto lavado de dinero involucra al intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, y al exrector de la Uncaus y exministro de Infraestructura del Chaco Omar Judis, a partir de que la Fiscalía Federal considera que existen elementos probatorios que permiten avanzar con una parte de la trama establecida para el desvío de $36.874.286 que le pertenecían a la universidad, entre los años 2014 y 2016.

El magistrado federal dice que "la cantidad de documental que obra en la causa es muy importante y compleja" y que pueden surgir nuevas derivaciones.

En la investigación no hay detenidos en la causa, pero tampoco hay prófugos en razón que todos los procesados están puestos a derecho aunque la fiscalía solicitó la prisión preventiva para los 46 imputados.

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