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JUDICIALES

8 de agosto de 2022

El Superior Tribunal del Chaco avaló la cautelar de la Jueza que no se quiere jubilar

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La resolución, fue dictada antes de la feria judicial.

Luego de apartar a los jueces Grillo y Del Río, el máximo tribunal rechazó un recurso de queja del Consejo de la Magistratura contra la medida cautelar que favoreció a la camarista Mercedes Riera para seguir en su cargo con 70 años y sin rendir un nuevo concurso.

Antes del inicio de la feria judicial de invierno, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco rechazó un recurso de queja del Consejo de la Magistratura y avaló la medida cautelar que permitió a la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mercedes Riera, permanecer en su cargo, sin rendir un nuevo concurso, a pesar de haber superado los 70 años.

 

La resolución, fue dictada el 13 de julio pasado, sin embargo no fue publicada en la página web del Poder Judicial del Chaco. Lleva las firmas de los jueces Rolando Toledo y Alberto Modi y de los dos procuradores que actuaron como subrogantes: Jorge Canteros y Miguel Fonteina.

 

Fue tras la excusación de la presidenta del máximo tribunal, Emilia Valle, por intervenir como integrante del Consejo de la Magistratura ante el planteo de la jueza Riera, y del apartamiento de sus pares Iride Isabel Grillo y Víctor Del Río por recusación de la magistrada ahora beneficiada por la decisión del máximo tribunal.

 

El caso llegó en queja ante el STJ porque, luego de dictar la cautelar, la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó la apelación de esa medida por parte del Consejo de la Magistratura del Chaco.

 

El argumento

 

Como argumento formal para rechazar el recurso de queja, el Superior Tribunal de Justicia consideró que el planteo no era contra “una sentencia definitiva o equiparable a tal”. Con esta resolución, queda provisoriamente firme la medida cautelar firmada por las juezas (de la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo) Gloria Silva y Dolly Fernández – con disidencia de la jueza Natalia Prato- que le permitió a Riera permanecer en su cargo de manera vitalicia al manos hasta que las mismas magistradas resuelvan sobre la cuestión de fondo, que se tramita paralelamente en una acción de amparo.

 

En caso de quedar firme la cautelar y, eventualmente, la acción de amparo que habilita a permanecer en el cargo sin rendir concurso al cumplir los 70 años, uno de los beneficiados inmediatos sería el actual juez del STJ, Rolando Toledo, quién se encuentra al borde de la edad de retiro y también el camarista Antonio Luis Martínez, quien integra la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativa junto a la jueza Gloria Silva, una de las que hizo lugar a la medida cautelar.

Vale recordar que, a comienzos de esta semana, Riera fue denunciada penalmente por presunta “usurpación de autoridad” por permanecer en su cargo más allá de lo que indica la ley y la Constitución Provincial. En ese sentido, la resolución del STJ también avala la estrategia de “turismo judicial” o “forum shopping” elegida por la magistrada que no quiere jubilarse. Es que Riera presentó una acción de amparo ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia que fue rechazada y luego presentó la misma medida ante otro tribunal en el que finalmente encontró respuesta favorable, tal como describe la denuncia penal del abogado Paulo Pereyra.

 

Silencio de radio

 

Una de las particularidades de esta suerte de “asalto contra la Constitución” es el silencio absoluto de todas las entidades que nuclean a magistrados, funcionarios del Poder Judicial, y a los propios abogados de la provincia del Chaco, que parecen expectantes de que quede consagrada de facto una casta, la “familia judicial”, y quienes pertenezcan a ella gozarán del privilegio de eternizarse en sus cargos, aunque para eso sea necesario llevarse puesto el artículo 154 de la Constitución Provincial que explícitamente señala: “Cuando se encuentren en condiciones de acceder a la jubilación, podrán optar por su permanencia en el cargo que desempeña en ese momento, hasta haber cumplido los setenta años. Un nuevo nombramiento será necesario para mantener en el cargo a magistrados y funcionarios, una vez que cumplan esa edad”.

 

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