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OPINION

22 de marzo de 2022

Si seguimos así, el poder político se va a quedar sin brazo armado, la justicia sin su auxiliar y la sociedad sin seguridad.

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Por Gustavo Olivello

Lamentablemente estamos siendo testigos de hechos de sangre. En uno de los casos mataron a un joven y en el otro hirieron gravemente a una persona, donde además los delincuentes tuvieron el tupe de volver al domicilio para amenazarlo para que no los denunciara.

No sólo le roban en la calle, sino que también van a la casa, con esa impunidad se manejan hoy los delincuentes en la provincia del Chaco.

Creo que llegó el momento de dar un mensaje del poder político, desde ahí debe venir el mensaje.

¿Cuál es el rol de la justicia?

¿Se tendrá que cambiar la forma de elegir jueces, fiscales y demás funcionarios de la justicia? Porque hasta tanto y en cuanto sean propuestos por el Poder Ejecutivo y se les baje línea para que favorezcan a alguien pagando favores, o reciban llamados para que dejen de hacer algo determinado, esto no va a cambiar. De ser así se van a seguir ocupando del ladrón de las gallinas, no de los ladrones de guante blanco.

Hay fiscales que ni siquiera se dignan a atender el teléfono para dar cuenta públicamente de un hecho en el cual tienen la responsabilidad de defender los intereses del estado, es decir los intereses del ciudadano común.

Hay fiscales que creen que cuando son designados están en un pedestal, que pertenecen a otra casta, hasta alguno de ellos te miran despectivamente.

Un juez debería poder caminar por la calle y saludar a cualquier persona y no a través de un auto con vidrios polarizados. Para hablar con un juez, no debería sortearse otra cuestión más que anunciarse en mesa de entradas de su juzgado.

Ahora bien, muchos de esos jueces o fiscales, temen esas manifestaciones que se realizan en la vereda de sus juzgados o fiscalías por parte de algún representante del pueblo por el secuestro de algún bien o detención de un integrante de un movimiento social, a lo que acceden en forma inmediata. Pero al ciudadano común, generalmente, no los atienden. La justicia, entiende la sociedad, está cada vez más lejos del pueblo.

Dado esto y por conocimiento de causa, en parte, deslindo de responsabilidades a las fuerzas de seguridad, solamente en parte. La fuerza de seguridad tiene la obligación de hacer su trabajo, no debería ser una excusa decir “no, a mí nadie me respalda, si hago el procedimiento termino preso”.

Tomando distancia del reciente caso en Santa Fe, en la Provincia del Chaco un policía que está en persecución de una persona que cometió un delito en flagrancia puede allanar sin orden, puede ingresar al domicilio en el cual ingresa esa persona perseguida.

En el caso de Charata, en un momento posterior a un procedimiento el detenido se muere y los acusan de tortura y homicidio, cuando el informe médico forense informa que murió por un paro cardio respiratorio. Era una persona con problema de adicciones entre otros.

Lo que me preocupa y llama mucho la atención es que el estado o parte del mismo, en lo que tiene que ver con representantes de los Derechos Humanos, se siguen ocupando del delincuente y de la víctima nadie.

En el caso de Santa Fe le tocó al policía enfrentar a los abogados del delincuente, saben cuántas veces levantaron el teléfono personas poderosas ordenándole al jefe que llevaba adelante algún operativo, para que deje de hacer lo que tenía que hacer. Lo mismo sucede en los juzgados y fiscalías.

Y muchas veces estos funcionarios deben agachar la cabeza, porque su carrera termina trunca y puede quedar ahí, o ser objeto de una represalia, un traslado y todo lo que ya conocemos.

Entonces, esto es un combo de cosas donde todos deben estar comprometidos, pero hasta tanto y en cuanto el poder político de turno no salga por todas las vías de comunicación que existen, por todos los medios que utilizan durante épocas de campañas proselitistas, previo a una elección y digan frontalmente a los delincuentes “ustedes no van a tener ninguna contemplación, no les vamos a dar ni un centímetro de espacio para que hagan lo que quieran, van a terminar presos y condenados”.

Hoy tenemos todas las herramientas legales para hacerlo.

En el caso del menor Franco, el homicida, otro menor de 17 años, ya tenía conflictos con la justicia. Entonces la pregunta es: ¿Qué hacemos con éste pibe, lo encerramos de por vida y lo tenemos como un paria? No, yo estoy a favor de que hay que recuperarlo, pero de verdad, no solo del discurso para afuera. Sino las cárceles se terminan convirtiendo en escuelas de perfeccionamiento para el delito, salen más chorros de adentro de cuando ingresaron.

Muchas veces mezclan al ladrón de gallinas con el narcotraficante y terminan de rehenes de éstos grandes delincuentes.

Cuando vamos a entrar a las cárceles y a terminar con los delitos de adentro hacia afuera, con los capos de los barrios.

El contraste que hay en nuestra sociedad es lamentable y nadie hace nada, parece que a muchos les gusta que eso pase. Es más, lo fomentan, porque al no hacer nada es una forma de fomentarlo.                        

Yo quisiera ver, cuando hablo de decisión política, no de la Ministra, no del Jefe de Policía, lo quiero ver a Capitanich con los integrantes del Superior Tribunal de Justicia sentado adelante, diciéndoles “a partir de éste momento, cero contemplaciones con el chorro, con el homicida, con el homicida, con el violador”. Con la ley en la mano. Ahora bien, porque si la ley permite que tanto los jueces, como los fiscales, tengan criterios distintos, porque siempre toman las medidas más leves para los delincuentes, los homicidas y van con todo el peso de la ley para los que se juegan la vida en las calles para que la sociedad tenga una vida más segura. Noto que hay una animosidad contra los uniformados.

Todas las contemplaciones con los delincuentes, que están presos en comisarías, donde no deberían. Pero de eso no se ocupan. Ahora si hay motines, enseguida están para sumariar al llavero, al comandante de guardia, al oficial de servicio. Háganse un sumario ustedes, señores de Derechos Humanos, por ineptos.  

Parece ser que la familia del uniformado, no vale un pito. ¿Y saben porque al poder político no les interesa?, porque ellos con un chasquido dedos tienen veinte policías custodiándolos, pero el ciudadano común no.

Si seguimos así, el poder político se va a quedar sin brazo armado, la justicia sin su auxiliar y la sociedad sin seguridad.

Por eso, le pido a Ud. Gobernador de la Provincia del Chaco, con el debido respeto, menos discurso y más acciones. No mano dura, mano segura. Pero la decisión debe venir de Ud. Sr. Gobernador, de nadie más y de ahí para abajo.

Reitero, si de verdad queremos tener seguridad en la provincia del Chaco, ponga lo que hay que poner Señor Gobernador, de Ud. depende, de nadie más.

 

 

 

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