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CRIMEN Y JUSTICIA

31 de diciembre de 2020

Tragedia de Once: dictaron falta de mérito para cuatro peritos que habían sido procesados por mentir para perjudicar al motorman

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Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia también ordenaron medidas de prueba

La Sala II de la Cámara Federal porteña dictó una falta de mérito para cuatro ingenieros que actuaron como peritos en la causa y en el juicio oral y público por la Tragedia de Once y que habían sido procesados por el delito de falso testimonio agravado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en mayo pasado.

El juez los había procesado debido a que consideró probado que los expertos mintieron durante el juicio para perjudicar a Marcos Córdoba, el motorman que conducía el tren que chocó contra el andén el 22 de febrero de 2012. Como consecuencia del choque hubo 51 muertos y más de 700 heridos.

La causa comenzó en abril de 2016 cuando el tribunal Oral Federal 2 que había dictado condenas por la Tragedia de Once denunció a los peritos por falso testimonio. El caso quedó a cargo del juez Claudio Bonadio quien falleció el 4 de febrero pasado. Martínez De Giorgi subroga el juzgado que estaba en manos de Bonadio. El fiscal de la causa es Carlos Rívolo quien, cuando impulsó la investigación, acusó a los ingenieros de haber tenido “una tendenciosa actuación procesal, guiados presumiblemente por la intención de atribuir responsabilidad penal únicamente al motorman de la formación siniestrada -Marcos Antonio Córdoba- pretendiendo limitar cualquier tipo de extensión de reproche hacia los restantes imputados en aquel juicio”. Los restantes imputados eran los ex funcionarios y los empresarios a cargo de la concesión del Ferrocarril Sarmiento.

Los ingenieros que habían sido procesados por falso testimonio agravado son Raúl Díaz (perito oficial), Alejandro Héctor Leonetti (perito por la Secretaría de Transporte), Horacio Faggiani (perito por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y Julio César Pastine (perito por Trenes de Buenos Aires). Primero fueron procesados por Bonadio en 2018 y aquella resolución había sido revocada por la Cámara Federal que consideró que era prematura la decisión del juez y que no se había podido probar que mintieron para perjudicar a Córdoba.

Martínez De Giorgi había analizado el comportamiento de los cuatro peritos sobre tres puntos fundamentales del caso. El juez se centró en lo que habían dicho los peritos acerca de la velocidad a la que el tren entró en la estación de Once el 22 de febrero de 2012; la explicación sobre la función que tenía el paragolpes del andén 2 de la estación que no funcionó; y por último el acaballamiento (debido al estado deplorable de la carrocería del tren) del segundo vagón sobre el primero de la formación que fue clave en buena parte de las muertes ocurridas aquel día.

En aquel procesamiento el juez había dicho que “durante la intervención de los ingenieros Díaz, Leonetti, Faggiani y Pastine -en aquel juicio-, existió una acción premeditada para hacerle cargar con toda la responsabilidad del suceso acontecido el día 22 de febrero de 2012 al conductor de la formación Marcos Antonio Córdoba, intención que además habría tenido en miras limitar toda extensión del reproche hacia los demás encausados”. El motorman fue condenado a cumplir tres años y tres meses de prisión efectiva y le otorgaron la libertad condicional en septiembre pasado.

La intención de responsabilizar solo al motorman fue la estrategia política que pusieron en práctica desde horas después del choque los ex funcionarios kirchneristas involucrados en la Tragedia de Once. Vale la pena recordar que en 2015 el Tribunal Oral Federal 2 condenó tanto a Córdoba como a los empresarios y ex funcionarios del área de Transporte porque consideró que hubo responsabilidades conjuntas en la Tragedia de Once. Esa condena fue confirmada por la Cámara de Casación y también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En una resolución firmada hoy, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, revocaron el procesamiento de los ingenieros, dictaron una falta de mérito y ordenaron seguir investigando.

En la resolución a la que accedió Infobae, los camaristas señalaron que “se advierte que desde la última intervención de esta Alzada no se incorporó ninguna constancia que modifique el escenario entonces existente: las constancias obrantes en autos no resultan suficientes como para sostener -aún con el grado de certidumbre que la etapa exige- que en el desarrollo de la tarea pericial encomendada los imputados dirigieron el contenido de sus informes y declaraciones hacia la construcción de un escenario hipotético en el que el conductor del convoy apareciera como el único responsable del siniestro”.

Irurzun y Bruglia indicaron que “la acreditación del objeto de la presente investigación requiere contar con elementos objetivos que permitan presumir que las conclusiones a las que arribaron Faggiani, Leoneti, Pastine y Díaz en torno a la velocidad de impacto, a la función del paragolpes y al estado de la carrocería fueron producto de una dolosa y falsa construcción o manipulación de los datos de una realidad que, por su calidad técnica habilitante, sabían distinta y verdadera, sin que alcance para ello la eventual corroboración de una posible equivocación o mala interpretación personal de sus registros y/o fuentes. Y sobre este aspecto la pesquisa no ha logrado ningún avance, con lo cual el cuadro de incertidumbre entonces existente no se ha visto modificado”.

Los camaristas ordenaron que se realicen algunas medidas de prueba “tendientes a profundizar en derredor del método técnicocientífico utilizado por los imputados, como así también ahondar en relación a la posible existencia de documentos de trabajo que pudieran hallarse en cualquier tipo de formato (papel, informático, etc.) y demás elementos que aporten respaldo probatorio destinado a dilucidar la hipótesis delictiva objeto de esta pesquisa y, en su caso, ampliar las declaraciones indagatorias para permitir el debido ejercicio de la defensa en el sentido expuesto en la presente”.

Valeria Corbacho, abogada de Córdoba -quien es querellante en la causa- criticó la decisión de Irurzun y Bruglia y agregó que ”los papeles de trabajo que piden los camaristas federales ya están incorporados en la causa. Existen correos electrónicos en el expediente que muestran la hipótesis del falso testimonio de los peritos en contra del maquinista, tal como lo demostró el juez Martínez De Giorgi”. Ahora el juez debe seguir lo ordenado por la Cámara y profundizar la investigación.

Fuente: infobae

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