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CORTE SUPREMA

16 de octubre de 2020

El Gobierno volvió a cruzar a la Corte: le insistió con que debe capacitarse en materia de género

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Un cruce de notas tensa cada vez más la relación del Gobierno con la Corte Suprema. Luego de que los jueces del máximo tribunal le comunicaron al Poder Ejecutivo que declinaban su "invitación" para ser capacitados en materia de género, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, le contestó a la Corte que no se trataba de una invitación, sino de una obligación legal.

"Le hago saber que la capacitación pendiente de realizar por las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación se encuentra estipulada por el artículo 6 de Ley N°27.499 'Ley Micaela', tal y como había sido indicado en la nota del 23 de junio de este año", dice la comunicación que Gómez Alcorta le envió al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.   Este tenso intercambio con la Corte empezó el mes pasado, cuando el Presidente le reprochó al tribunal estar violando la ley Micaela, que establece la obligatoriedad de capacitarse para los representantes de todos los poderes del Estado. "Si no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, estamos en un problema", les dijo Alberto Fernández a los jueces. En respuesta, la Corte dio a conocer un comunicado en el que afirmó que "lidera desde el año 2010 la capacitación en Perspectiva de Género en el Poder Judicial", con un proyecto "inédito en el mundo" y reconocido por Naciones Unidas.   Para el ministerio de Gómez Alcorta, sin embargo, la obligación que establece la Ley Micaela no puede ser suplida por otra capacitación que hayan decidido darse los cinco ministros de la Corte. Por eso, la ministra insistió anoche, tras conocerse la respuesta del tribunal: "Me dirijo a Ud. en los mismos términos expresados en la nota del 23 de junio del corriente, a la espera de poder coordinar una fecha para la capacitación a los integrantes del Máximo Tribunal estipulada por la Ley".   Todo este intercambio sucede cuando la Corte debe dictar una sentencia en un caso que genera mucha expectativa en el Gobierno: la suerte de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.   La posición de la Corte En su resolución de ayer, firmada por los cinco ministros, la Corte le recordó al Poder Ejecutivo que ella había empezado con las capacitaciones antes que nadie, mediante talleres de perspectivas de género reconocidos por las Naciones Unidas, que, de hecho, sirvieron de fundamento para la Ley Micaela.   Además, le envió una larga lista de antecedentes de lo que viene haciendo en la materia, cuyas constancias, dijo, están registradas y fueron informadas al el propio Ministerio de las Mujeres, antes Instituto Nacional de las Mujeres. También advirtió que en 2017, antes de la sanción de la Ley Micaela, la Oficina de la Mujer propuso al Sistema de Naciones Unidas de Argentina una evaluación del impacto del taller de Perspectiva de Género, proyecto inédito en el mundo.   La Ley Micaela, sancionada en 2019, impone las capacitaciones que reclama la ministra Gómez Alcorta. "Esta Corte comparte plenamente los principios que inspiran su dictado, los que, desde hace tiempo, han sido instados por el Tribunal para su actuación interna, en el resto del Poder Judicial de la Nación y los Poderes Judiciales del país", señalaron los jueces.   Según Gómez Alcorta, "el convenio firmado entre la Corte Suprema y el ex-Instituto Nacional de las Mujeres, se enmarca los artículos 4 y 5 de la 'Ley Micaela' que se vinculan con las capacitaciones dirigidas a todo el resto del personal del Poder Judicial". Los cruces son por la capacitación de los cinco ministros de la Corte.   Fuente: La Nación

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