El fiscal de Investigación Penal 13, Víctor Recio, dialogó este viernes con Gustavo Olivello al aire de Alerta Urbana y brindó detalles sobre la causa por un supuesto caso de mala praxis y por la cual ayer fueron allanados tres sanatorios de Resistencia.

Se trata del expediente que investiga una denuncia efectuada por Gisela Elizabeth Colussi y a tres instituciones de salud de la capital provincial: Femechaco, Frangioli y el Instituto Privado de Salud.

La causa fue iniciada cuando Colussi denunció haber sufrido complicaciones y secuelas físicas y psicológicas tras someterse a cirugías en esos tres centros médicos y alegó "contradicciones en los diagnósticos" y una "ausencia de información clara". 

El fiscal detalló que los procedimientos llevados adelante el jueves se ejecutaron ante la negativa de las empresas médicas involucradas de entregar las historias clínicas de la presunta víctima, quien quedó con secuelas en su salud personal.

“La Justicia debe seguir avanzando”, sostuvo el funcionario judicial, quien criticó la postura de los sanatorios de no atenerse a los pedidos de la Justicia.

“Esto no podía seguir así; el justiciable (en referencia a la mujer denunciante) debe tener una respuesta”, remarcó, argumentando de esta manera la orden de los allanamientos múltiples de ayer.

Recio dijo que la fiscalía a su cargo inició la investigación a comienzos de año tras un hecho ocurrido en distintos centros de salud relacionado con un cuadro de hemorragias de Colussi, lo que derivó en varias intervenciones quirúrgicas y "complicaciones bastante graves". Además, precisó que, si bien la situación de salud de la señora tuvo una resolución médica, ella busca determinar si hubo o no mala praxis en el proceso.

El fiscal lamentó que la reciente orden de allanamiento haya sido necesaria, indicando que las instituciones de salud no respondieron en tiempo y forma a las requisitorias de historias clínicas y estudios complementarios solicitados en mayo, y nuevamente a finales de agosto.

Al respecto, enfatizó la responsabilidad de los sanatorios en la escalada del proceso: "Se podría haber evitado; esto no es un juego porque estamos pidiendo informes y necesitamos la respuesta en tiempo y forma”.

“Es por esto que la situación derivó en los allanamientos, algo totalmente innecesario si hubieran respondido en tiempo y forma a los oficios", enfatizó.

Cómo sigue la investigación

En cuanto a las pesquisas de ayer, Recio precisó que se secuestró documentación probatoria entre la que enumeró historias clínicas “tanto en formato papel como en formato digital", instancia que requirió la intervención del área de Cibercrimen de la Policía del Chaco para asegurar la cadena de custodia.

A pesar de que no hay detenidos hasta el momento, la investigación continúa su curso y se centra en determinar la responsabilidad profesional. 

Recio detalló que el análisis de mala praxis se enfoca en tres ejes: "la conducta del profesional, es decir, si actuó con negligencia, imprudencia, en pericia; en las consecuencias de la salud del paciente y si tuvo un daño en la integridad física o en su vida; y si hay un vínculo directo entre este accionar médico y las lesiones". 

Por último, el funcionario judicial afirmó que la Fiscalía 13 actúa de oficio, aunque la damnificada también tiene una intervención activa a través de abogados querellantes.