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24 de septiembre de 2025

¿Corrupción en el IAFEP?: liberaron a Laura Moreno, exfuncionaria de Capitanich

El Superior Tribunal de Justicia ordenó este miércoles la "inmediata libertad" María Laura Moreno, en el marco de la causa caratulada como violación de funcionario público y encubrimiento.

Este miércoles, el Superior Tribunal de Justicia ordenó la "inmediata libertad" de María Laura Moreno. Se trata de una de las investigadas junto al expresidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), Mauro Andión, en el marco de la causa caratulada como violación de funcionario público y encubrimiento.

En junio, la fiscal Graciela Griffith Barreto había pedido la elevación a juicio de la causa por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos durante la gestión anterior. La investigación se centró en presuntas irregularidades, a partir de pagos millonarios a cooperativas, fundaciones y asociaciones civiles para la construcción de soluciones habitacionales en diferentes localidades de la provincia, autorizados por Andión, a través del Plan Incentivar Trabajo. Muchas de las obras, no se habrían concretado y otras tuvieron un bajo porcentaje de realización.

De acuerdo al requerimiento fiscal, tanto Andión como María Laura Moreno estuvieron a cargo de la firma de expedientes con múltiples irregularidades, además de la supuesta certificación de pagos parciales de proyectos, cuyo avance, en algunos casos, estuvo entre el 10% y el 17%.

Moreno fue detenida el 2 de octubre del año pasado, mismo día en el que se concretó la captura de Andión, acusados por fraude contra la administración pública y por posibles autores del delito de violación de deberes de funcionarios públicos.

En el caso del extitular del IAFEP, Está acusado de usar su rol en el organismo para autorizar la firma de convenios con cooperativas y fundaciones destinadas a la construcción de soluciones habitacionales en diferentes localidades de la provincia.

Las auditorías realizadas marcaron que, en la mayoría de los casos de los casos, las obras presentaron bajos índices porcentuales de ejecución. Pese a ello, los pagos se habrían realizado por completo, en algunos casos, y en otros se habrían hecho anticipos millonarios a los referentes de las organizaciones implicadas, en violación a la Ley Provincial de Administración Financiera y la Ley de Contratos de Obras Públicas.

 

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