Un jubilado de Mendoza presentó una demanda judicial por más de $152 millones contra el Estado argentino y el laboratorio AstraZeneca, tras alegar que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como efecto adverso de la vacuna contra el COVID-19.

El caso, que podría sentar precedente, se enfrenta a un escollo legal: la Ley 27.573, sancionada durante la gestión de Alberto Fernández, que exime a las farmacéuticas de responsabilidad civil.

La normativa, promulgada en octubre de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria, habilitó al Gobierno a firmar contratos confidenciales con laboratorios internacionales, incluyendo cláusulas que impiden demandas directas por efectos secundarios. En su lugar, los damnificados deben acudir al Fondo de Reparación COVID-19, un mecanismo administrativo que ofrece compensaciones limitadas y solo en casos graves, científicamente comprobados.

El demandante, que logró costear estudios médicos y asesoría legal, reclama una indemnización por: Daño físico y moral, Gastos médicos (daño emergente); Incapacidad permanente, Pérdida de oportunidades laborales y recreativas y Daño punitivo, como sanción ejemplar contra AstraZeneca.

Según la presentación judicial, las secuelas le impiden realizar tareas cotidianas como operar maquinaria agrícola, practicar deportes o viajar. A diferencia de otros afectados, el jubilado pudo financiar los peritajes exigidos por la ley, que coloca toda la carga probatoria sobre la víctima.

Además del reclamo económico, el caso busca impugnar la constitucionalidad de la Ley 27.573, lo que podría abrir un debate sobre el derecho a la reparación integral en situaciones vinculadas a campañas de vacunación masiva.

En paralelo, casos similares se registran en otras jurisdicciones. En España, un tribunal de Barcelona reconoció como accidente laboral los efectos adversos sufridos por un docente tras recibir la vacuna de AstraZeneca, marcando un hito en la jurisprudencia europea. En Argentina, también se tramitan demandas por secuelas graves, como el síndrome de Guillain-Barré y púrpura trombocitopénica.

El laboratorio, por su parte, ha reconocido públicamente la existencia de efectos secundarios raros como la trombocitopenia trombótica inmune, aunque sostiene que los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos.

La causa del jubilado mendocino podría convertirse en un caso testigo, no solo por el monto reclamado, sino por el intento de abrir una vía judicial directa contra una farmacéutica amparada por legislación especial.