En el día 634 de su gestión, Javier Milei atraviesa un escenario en el que la principal amenaza ya no proviene del Congreso ni de la oposición política, sino del malestar social que gana espacio en la calle. La combinación de inflación persistente, salarios y jubilaciones en retroceso, y medidas de ajuste que impactan en los sectores más vulnerables generan un clima que algunos analistas califican como “explosivo”.

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario se convirtió en un detonante de nuevas marchas y reclamos. Lo que en un inicio fue apoyo de amplios sectores populares comienza a diluirse: barrios que lo respaldaron en las urnas hoy muestran señales de frustración.

El peligro para el mandatario es múltiple. Por un lado, la pérdida de legitimidad política, al percibirse un gobierno que no logra aliviar el costo de vida. A esto se suma el riesgo de movilizaciones crecientes, con posibilidad de protestas masivas que obliguen al Estado a recurrir a la represión, con el consecuente desgaste institucional.

La situación económica agrega otro frente: si la inflación no baja de manera consistente y la recesión se profundiza, el ajuste podría volverse insostenible. En paralelo, el aislamiento político es un riesgo cada vez más palpable, con gobernadores, actores sociales y sectores económicos que se distancian de la Casa Rosada.

En este contexto, Milei encara un desafío crucial: sostener la narrativa del cambio profundo sin que la presión social derive en un estallido que comprometa la gobernabilidad y adelante el voto castigo en las próximas urnas.

Con información publicada en el diario Perfil