Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que Chaco figura entre las ocho provincias más afectadas por la caída del empleo privado desde la asunción del presidente Javier Milei. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, el país perdió casi 100.000 puestos registrados, de los cuales más del 60% corresponden al sector de la construcción, fuertemente impactado por la paralización de la obra pública. 

Las provincias más golpeadas —Chaco, Misiones, Formosa, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego— registraron una caída superior al 5% en el empleo formal. Solo en Chaco, entre febrero y mayo de este año, se perdieron más de 1.000 empleos registrados, según datos de CEPA y la consultora Politikón. 

El estudio señala que la industria manufacturera también atraviesa una fuerte retracción, con más de 33.000 puestos perdidos a nivel nacional, lo que representa una caída del 2,8%. 

Además, CEPA advirtió que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado recientemente, podría agravar la situación al beneficiar sectores poco intensivos en empleo, como la minería y los hidrocarburos, mientras pone en riesgo a la industria, que genera casi el 20% del empleo privado. 

Finalmente, el informe concluye que el deterioro del mercado laboral en el Norte Grande responde a la falta de políticas de desarrollo productivo y podría profundizar las desigualdades regionales si no se revierten las actuales medidas económicas. 

El grupo, integrado por 28 diputados, tendrá plazo hasta el 10 de noviembre para presentar un informe final. Durante las primeras reuniones se aprobarán medidas de prueba, oficios judiciales y pedidos de citación a funcionarios nacionales e internacionales. 

Pese a los intentos previos por conformar la comisión —que fracasaron por paridad entre oficialismo y oposición— se logró destrabar la conducción con Ferraro al frente. Esto provocó el retiro de los diputados oficialistas de La Libertad Avanza, que cuestionan la validez del plazo actual y denuncian un uso político del caso. 

Simultáneamente, las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y de Discapacidad, presididas por Pablo Yedlin y Daniel Arroyo respectivamente, avanzarán con pedidos de interpelación por denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). 

Entre los funcionarios que podrían ser convocados figuran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Salud, Mario Lugones; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El objetivo es esclarecer presuntas irregularidades y supuestos vínculos con laboratorios farmacéuticos durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la ANDIS. 

Todos los pedidos deberán pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales antes de su eventual debate en el recinto. 

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