Un reciente análisis del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) revela una alarmante disparidad en la entrega de pensiones no contributivas por invalidez en Argentina, con la provincia de Chaco otorgando diez veces más beneficios que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este hallazgo no solo pone en evidencia las profundas asimetrías del país, sino que también resalta las deficiencias en la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el riesgo de fraude en un sistema diseñado para proteger a los más vulnerables.

El estudio subraya que, si bien la lucha contra la corrupción es una tarea necesaria, los intentos del Estado por sanear el padrón de beneficiarios han sido ejecutados de forma deficiente. La ANDIS, en un intento por auditar el crecimiento exponencial de estas pensiones —que pasaron de 75.000 en el año 2000 a 1,2 millones en 2023—, implementó un plan que llevó a la suspensión errónea de beneficios a personas con discapacidades genuinas.

La falta de un sistema de gestión profesional se hace evidente en las cifras: Chaco tiene 86 pensiones por cada 1.000 habitantes, una cifra que contrasta fuertemente con las 8 por cada 1.000 de CABA. Esta brecha, sumada a inconsistencias entre la cantidad de pensiones y la de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) en ciertas provincias, sugiere la existencia de mecanismos poco transparentes para la concesión de estos subsidios.

El fracaso de la auditoría de la ANDIS no solo permitió el pago de pensiones fraudulentas, sino que ha sometido a las personas con discapacidad a un trato burocrático y, en muchos casos, a la injusticia de ver sus beneficios suspendidos. El informe de IDESA concluye que, más allá de la necesidad de controlar el déficit fiscal, el país debe enfocarse en mejorar la calidad de su gestión pública. Sin equipos profesionales e ideas innovadoras, los errores en la administración de programas sociales seguirán ocurriendo, afectando a quienes más necesitan la ayuda del Estado.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

En el Chaco la entrega de pensiones por discapacidad están bajo la lupa. Con el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, y su familia, bajo investigación judicial liderada por el fiscal federal Carlos Amad por presunta asociación ilícita para otorgar pensiones fraudulentas, este caso no es un hecho aislado: una vasta red de corrupción que involucra a médicos y funcionarios ha operado impunemente en la provincia, con casi 23.000 casos.