Un grupo de profesionales que trabajan con personas con discapacidad, acompañados por padres y familiares, se congregó este mediodía frente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSEP) en Resistencia. La protesta, encabezada por María Elena Coronel, directora de un centro de apoyo a la integración escolar, busca visibilizar y exigir el pago de los honorarios que el organismo adeuda a los prestadores de servicios de discapacidad desde hace más de tres meses, específicamente desde el mes de abril.

Coronel, en diálogo con Gustavo Olivello en vivo para Alerta Urbana y calificó la situación de "insostenible". Explicó que la falta de pago ha generado la renuncia de varios profesionales en su equipo, lo que afecta directamente a los derechos de los niños y jóvenes que requieren de su acompañamiento en el entorno escolar. "No podemos sostener los honorarios", lamentó, y agregó que los prestadores son profesionales que trabajan por horas y no cuentan con el respaldo económico de grandes empresas para subsistir.

La directora reveló que, si bien hubo una promesa de pago por parte de la presidenta del organismo, prometiendo un 20% para este viernes y el saldo la próxima semana, no confían en la promesa. "Es la segunda vez que nos dicen la misma promesa", aseguró Coronel, recordando un incumplimiento anterior. Esta falta de seriedad en los compromisos pone en riesgo el acompañamiento de los alumnos con discapacidad, que ya han perdido a docentes y terapeutas.

La movilización, que contó con el apoyo de familias que se sumaron para defender los derechos de sus hijos, puso de manifiesto que el problema trasciende a los profesionales y afecta directamente a los beneficiarios. La vulneración del derecho a la educación de estos niños, que requieren un apoyo especializado para adaptarse a la escuela, es el centro del reclamo.

En un contexto de incertidumbre económica, los prestadores anunciaron que el próximo martes habrá una reunión de todos los profesionales del rubro con las autoridades del organismo. En ese encuentro se tomarán medidas más drásticas, que podrían incluir el cese de las prestaciones a cargo de la obra social, lo que dejaría a miles de personas con discapacidad sin el servicio que necesitan. La situación, de no resolverse, podría escalar a un conflicto mayor, afectando a un sector de la población especialmente vulnerable.

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