El “Cártel de los Soles” es una organización criminal integrada por altos mandos militares del régimen venezolano, que ha sido acusada por el gobierno de Estados Unidos de delitos como el tráfico de drogas, el contrabando y la financiación ilícita. Su nombre proviene de las insignias de soles que lucen los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en sus uniformes. A diferencia de los cárteles tradicionales, como los de México o Colombia, esta red opera desde el interior del Estado venezolano, utilizando la estructura gubernamental y militar para sus fines ilícitos.

Según investigaciones de la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cártel no posee una estructura jerárquica típica, sino que se trata de una red de funcionarios y militares que facilita el transporte de drogas, principalmente cocaína. . Utilizan puertos, aeropuertos y pistas clandestinas que están bajo control militar para mover la droga hacia Centroamérica, el Caribe, México y Estados Unidos. Su poder les permite ofrecer protección y logística a otras organizaciones narcotraficantes extranjeras.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos de narcoterrorismo contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el diputado, Diosdado Cabello, así como contra varios otros funcionarios y jerarcas militares y policiales, acusándolos de liderar y colaborar con este delito transnacional. Los documentos judiciales señalan al cártel de producir, almacenar y transportar cocaína en alianza con grupos criminales como las FARC.

Además de traficar drogas, esta red criminal utiliza los beneficios ilícitos para el enriquecimiento personal de sus miembros y para la financiación de actividades políticas. Esta dualidad entre la estructura estatal y la actividad criminal es lo que hace que el Cártel de los Soles sea una organización particularmente compleja y peligrosa, ya que opera con total impunidad, protegida por el propio régimen venezolano.

La designación de esta organización como narcoterrorista por parte de varios países, incluyendo ahora a Argentina, demuestra la preocupación global por la creciente amenaza que representa. La red criminal ha logrado infiltrarse en las más altas esferas del poder, utilizando los recursos del Estado para su beneficio y el de sus aliados, lo que plantea un desafío significativo para la seguridad regional e internacional.

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