Las abogadas Adriana y Fiorella de Langhe, representantes del grupo de médicos de la fundación "Todos por Todos", que denunciaron supuestas agresiones del comisario Daniel Melchiori, aseguraron en una entrevista con Gustavo Olivello por Alerta Urbana que, reconocen el valor de las fuerzas de seguridad en la vida ciudadana pero que aquí hubo extralimitaciones del funcionario que motivaron incluso el pedido de un hábeas corpus.

La medida judicial fue solicitada para resguardar la integridad de los profesionales de la salud y el avance de la investigación en curso por supuestos "apremios ilegales".

Las letradas explicaron que el incidente con Melchiori motivó la interrupción de las actividades sociales de los médicos, que tuvieron que suspender sus operativos y retirarse de la localidad. Este hecho fue calificado como un "avasallamiento" en los derechos de los profesionales por el propio jefe de la Policía, Fernando Romero, quien dispuso el apartamiento de Melchiori de su cargo.

Según las abogadas, la medida de la jefatura policial fue correcta, pero la decisión de un juez de cámara tiene mayor peso. El juez que dio lugar al habeas corpus, Rodolfo Lineras, dispuso una medida de prohibición de acercamiento del comisario a la comisaría de Taco Pozo y a los denunciantes y testigos, lo cual consideraron una medida acertada.

Las abogadas confirmaron que los médicos tienen la intención de volver a la localidad para continuar con su labor social, aunque están a la espera de que se normalice la situación y se garantice su seguridad. Las abogadas, por su parte, continuarán colaborando con la Fiscalía de Derechos Humanos, que es la competente en la causa, para que se determinen las responsabilidades individuales y colectivas de todos los involucrados en el incidente.