El Gobierno nacional avanza con un plan para concesionar 10.000 de los 40.000 kilómetros de rutas bajo su jurisdicción, aquellos que concentran el 80% del tráfico. El modelo, que comenzará a implementarse en septiembre, permitirá a privados operar los corredores a cambio de mantenerlos en buen estado y cobrar peajes.

El valor base será de $4.200 cada 100 kilómetros para autos, multiplicándose por siete para camiones pesados. Las empresas no necesitarán ser constructoras para participar, rompiendo con el tradicional "club de la obra pública", según consignó un artículo periodístico publicado este fin de semana por el diario La Nación. 

En contrapartida, deberán financiar las mejoras necesarias para alcanzar estándares de transitabilidad, bajo supervisión estatal.

Provincias y casos testigo
Algunas provincias, como Río Negro, ya exploran esquemas similares. La diputada Lorena Villaverde anunció un proyecto de US$470 millones para modernizar 522 kilómetros de rutas petroleras, financiado íntegramente por privados. Sin embargo, pocos distritos tienen capacidad para gestionar corredores sin intermediación de empresas.

Si las concesionarias no cumplen, el Estado podrá ejecutar seguros de caución o revertir los contratos. Además, se mantendrá el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) como respaldo ante eventuales congelamientos tarifarios.

El tramo inicial incluirá las rutas 12, 14 y los puentes Zárate-Brazo Largo y Rosario-Victoria. Mientras tanto, el resto de la red vial seguirá con mantenimiento básico, pero sin inversión estatal directa.

El desafío será equilibrar rentabilidad privada con mejoras reales en una red históricamente postergada, donde la falta de seguridad vial sigue cobrando vidas.