El Ministerio Público Fiscal Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, ha dado un paso decisivo en la investigación contra Alfredo José “Capi” Rodríguez, actual director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el Chaco y presidente provincial del partido La Libertad Avanza. 

Rodríguez fue imputado formalmente y se solicitó su declaración indagatoria por graves acusaciones que incluyen la falsedad ideológica de documentos públicos, agravada por su rol de funcionario público, y abuso de autoridad.

La causa se inició con denuncias sobre extorsión a funcionarios y empleados de organismos nacionales como ANSES y PAMI, quienes habrían sido conminados a realizar aportes de dinero al partido bajo la amenaza de perder sus puestos laborales. 

Sin embargo, la investigación desveló una trama más compleja: la falsificación masiva de fichas de afiliación al partido. Testimonios clave, como los de Marcos Alejandro Coria y Gerardo Delgado Belaunzaran, revelaron un patrón de afiliaciones apócrifas, donde se utilizaban fotocopias de DNI para imitar firmas de personas que nunca manifestaron voluntad de afiliarse.

La misma vicepresidente del partido, Ileana Leticia Aguirre, denunció irregularidades, incluyendo que cargos como el de directora de PAMI fueron “retribución” por trabajos partidarios.

La Fiscalía confirmó que, tras citar a 45 personas de las listas de afiliados al azar, 39 negaron haberse afiliado y desconocieron las firmas insertas en las fichas que se les exhibieron. Varios de estos casos correspondían a personas de avanzada edad, con escasa instrucción o con impedimentos físicos que harían imposible su firma como se visualiza en los documentos. La investigación subraya que fue Alfredo Rodríguez quien certificó estas firmas apócrifas en casi la totalidad de los documentos fraudulentos. Se presume que Rodríguez abusó de su acceso a bases de datos sensibles de ANSES para seleccionar identidades vulnerables, como personas mayores o con condiciones de salud, y así cumplir con el número de afiliados necesario para obtener la personería jurídica del partido.

La imputación formal abarca cuarenta hechos de falsedad ideológica de documentos públicos en concurso real entre sí, sumándose al delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Este desarrollo judicial marca un punto crítico en la causa que pone en jaque la transparencia en la conformación de fuerzas políticas y el uso de datos sensibles desde la función pública.