Marcela Acuña, figura central en el caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, presentó esta semana una denuncia penal contra medios de comunicación locales, nacionales y funcionarios del gobierno provincial, acusándolos de construir una "condena social" mediante información falsa que, según ella, derivó en tragedias personales: el aborto espontáneo de su hija y graves secuelas psicológicas en su nieta de ocho años.
En resumen, la esposa de Emerenciano Sena y ex dirigente social, ¿lo que busca es silenciar a los medios como lo hizo con Cecilia?

En un escrito de 20 páginas, Acuña, quien está detenida desde junio de 2023, responsabilizó a Alerta Urbana y Radio Gualamba, portales como InfoQom y Diario Norte, así como a periodistas, de difamar a su familia -el Clan Sena- con afirmaciones que calificó de "mentiras flagrantes": desde supuestos privilegios en prisión (como heladeras en las celdas) hasta vínculos inexistentes con el feminicidio. Incluso mencionó que su hija Paula Martínez y su nieta fueron perseguidas laboral y escolarmente, lo que habría desencadenado el aborto de un bebé de siete meses y trastornos neurológicos en la menor.

La denuncia también apunta contra  los abogados querellantes Gustavo Briend y Juan Arregín.

Acuña vinculó esta campaña con una estrategia electoral del gobierno provincial para "beneficiarse políticamente", señalando al secretario de Asuntos Estratégicos, Marco Resico, y a abogados querellantes como partícipes. Además, cuestionó la injerencia del gobernador en el Poder Judicial y exigió que el juicio por Strzyzowski avance sin "interferencias".

La denuncia reavivó el debate sobre la libertad de prensa. Mientras Acuña insiste en que busca "justicia" para su familia y Cecilia, sectores periodísticos interpretan el gesto como un intento de intimidación. La referencia a Cecilia -víctima cuyo caso aún espera sentencia- no pasó desapercibida: ¿busca Acuña, acusada de encubrir el crimen, silenciar a quienes la señalan?

Con audiencias probatorias en curso, el caso sigue escalando: no solo judicialmente, sino como un pulso entre poder mediático, político y los derechos de los imputados. La justicia deberá determinar si hubo excesos en la cobertura o si, como alega Acuña, se trató de una "persecución orquestada".