El fiscal general federal de Resistencia, Federico Carniel, dialogó este martes en exclusiva con Gustavo Olivello al aire de Alerta Urbana y adelantó cuáles serán sus próximos pasos en torno al polémico fallo que absolvió a la ex intendenta Aída Ayala en un caso por presunta corrupción.

“Ayer se conoció solamente el veredicto y otra vez vamos a volver a batallar; vamos a ir a Casación para que se revise la decisión del tribunal”, confirmó.

El fiscal general expresó su malestar y disconformidad con lo resuelto por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Resistencia (TOFC) en el marco de la denominada causa Casalboni en la que Ayala estaba acusada de administración fraudulenta contra la administración pública durante su paso  como funcionaria del gobierno nacional que encabezó Mauricio Macri.

Los jueces también absolvieron a Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, ambos colaboradores de Ayala cuando fue titular de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación.

"Estas decisiones colaboran a la impunidad", lamentó Carniel, quien remarcó que, a su entender, estaba probado que un grupo de personas fue a Quitilipi (municipio en que Carlos Casalboni era intendente en 2017) a hacer negocios y que Ayala fue "un ariete importante dentro de esa estructura".

El fiscal insistió en su intención de "volver a batallar" en Casación para que la decisión del TOF sea revisada.

Además, manifestó su interés en conocer el "razonamiento jurídico" del tribunal para absolver a todos los imputados, especialmente dado que uno de ellos (Casalboni) "reconoció la estructura" de cómo se manejaban los fondos. 

Al profundizar en el tema, reiteró el rol de la Fundación Construir (creada por Ayala), utilizada para tramitar subsidios, como un elemento clave en la futura apelación.

Carniel criticó la extensión de los procesos judiciales, afirmando que "este tipo de decisiones colaboran a la impunidad" y explicó que si Casación revoca la sentencia, se deberá realizar un nuevo juicio, lo que convierte los procesos en "interminables”. 

Para el fiscal, "el sistema ya no da para más" aunque aclaró que, jurídicamente, Ayala "preserva el estado de inocencia", ya que solo una condena firme puede quebrar ese estatus, lo cual podría demorar hasta dos años de aquí en adelante.

El caso

La investigación se inició por la declaración del ex intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, quien reconoció haber direccionado la compra de maquinaria con fondos nacionales hacia una empresa vinculada, sin licitación. En el expediente, la fiscalía había pedido cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para los tres imputados.

La Fiscalía a cargo de Carniel había argumentado que Ayala había avalado con su firma la adquisición de bienes con sobreprecios en el marco de un convenio firmado en 2016, cuando estaba al frente de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación. 

La empresa beneficiada fue Service Hogar, cuyo titular, Claudio Tolosa, accedió a una probation tras pagar 6 millones de pesos como reparación y se le prohibió ser proveedor del Estado en Quitilipi durante dos años.