El Gobierno decidió postergar hasta después de las elecciones legislativas del 26 de octubre la definición de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, así como en juzgados, fiscalías y defensorías. Según se pudo saber, el oficialismo buscará reactivar los procesos de designación una vez definidos los nuevos equilibrios parlamentarios. 

Pese a haber anunciado en noviembre pasado el envío de pliegos judiciales, estos nunca llegaron al Senado. En el caso de la Corte Suprema, los nombres propuestos —Ariel Lijo y Manuel García Mansilla— no lograron superar el filtro de la Cámara Alta, donde el kirchnerismo tiene mayoría y puede bloquear cualquier iniciativa con los dos tercios que requiere la aprobación. 

Según el Consejo de la Magistratura, hay 184 vacantes en juzgados federales, 127 en otras competencias, 161 cargos sin cubrir en fiscalías y 80 en defensorías. Aunque desde el Poder Judicial se insiste en resolver estas demoras, el Gobierno busca negociar con la oposición y gobernadores aliados para evitar un nuevo fracaso legislativo. 

Además, no se descarta la posibilidad de proponer una ampliación del número de miembros de la Corte Suprema, con ideas que rondan los siete o nueve jueces. Esto abriría espacio para acuerdos cruzados que debiliten el peso de la mayoría kirchnerista en el Senado. 

La estrategia judicial está a cargo del asesor presidencial Santiago Caputo y del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quienes también siguen de cerca la situación del Procurador General de la Nación, cargo ocupado interinamente por Eduardo Casal desde 2017. 

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