En una iniciativa que busca transformar los recursos recuperados de la corrupción en obras concretas para la provincia, diputados chaqueños han elevado un pedido formal al Poder Ejecutivo Nacional para que los fondos multimillonarios decomisados en la causa judicial conocida como “Vialidad” sean destinados a la pavimentación y mantenimiento de las rutas nacionales dentro del territorio del Chaco.

La propuesta, cuyo objetivo es reparar el perjuicio económico ocasionado al Estado Nacional por administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública, se centra en el decomiso solidario de poco más de $ 84 mil millones. Este monto, que deberá ser restituido al Estado por los daños ocasionados, fue ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio tras el rechazo del recurso extraordinario por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Como es de público conocimiento, la Causa Vialidad culminó con la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La causa investigó irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante sus mandatos presidenciales (2007-2015), señalando un presunto direccionamiento de licitaciones a favor del empresario Lázaro Báez.

La iniciativa chaqueña se fundamenta en que, dado que los fondos en cuestión tienen su origen en el desvío de recursos públicos destinados precisamente a obras públicas en diversas jurisdicciones, resulta "razonable y equitativo que el destino de su reintegro tenga como objetivo obras estructurales que beneficien directamente a comunidades postergadas". En este sentido, se destaca la importancia de las Rutas Nacionales en Chaco como "corredores fundamentales para el desarrollo productivo, social y sanitario" de la provincia, cuya pavimentación no solo mejoraría la conectividad regional sino que también aseguraría el acceso a derechos esenciales para miles de chaqueños.

La solicitud de los legisladores provinciales Iván Gyoker y Francisco Romero Castelan se enmarca en el "principio de reparación integral del daño al Estado", que sostiene que la restitución económica debe ser efectiva y orientada a fines públicos. Se considera "legítimo y necesario que una parte sustancial de dichos recursos se oriente a las jurisdicciones más perjudicadas por los efectos de la corrupción sistémica, como es el caso de la Provincia del Chaco". La propuesta ya fue remitida al Poder Ejecutivo Nacional, y a los ministerios de Economía y Obras Públicas de la Nación.