El Tribunal Oral Federal N° 2 se apresta a conceder en las próximas horas el arresto domiciliario a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema ratificara la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La notificación formal podría concretarse este mismo martes, lo que evitaría su presentación física ante los tribunales de Comodoro Py, prevista inicialmente para este miércoles. 

La decisión judicial llega en medio de una creciente tensión política y una convocatoria militante para acompañar a la exmandataria. Desde el peronismo y organizaciones sindicales como las CTA y sectores del moyanismo se había confirmado la asistencia masiva a una movilización bajo la consigna “Cristina Libre”. Sin embargo, el eventual inicio del cumplimiento de la pena en su domicilio modificaría ese escenario y desactivaría el despliegue de seguridad previsto. 

La prisión domiciliaria se implementará con condiciones específicas. La expresidenta no usará tobillera electrónica, ya que su custodia estará a cargo de fuerzas oficiales. Además, podrá recibir visitas con un aforo limitado para actividades políticas, pero sin restricciones para dar entrevistas, comunicarse por redes sociales o saludar desde su domicilio. 

Mientras tanto, fuentes judiciales indicaron que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola emitirán su dictamen este martes, que sería negativo respecto al pedido de domiciliaria, aunque el TOF 2 ya tendría definido hacer lugar al planteo de la defensa de Fernández. 

En paralelo, los abogados de la exmandataria impulsan una estrategia internacional. Ya se realizó una presentación ante la Corte Penal Internacional, y planean acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para apelar la inhabilitación. Citan como antecedente el caso del presidente colombiano Gustavo Petro. 

El Gobierno nacional observa con atención el desarrollo del caso, temiendo que la convocatoria a los tribunales derive en disturbios o incidentes. Por ello, la notificación anticipada busca contener tensiones y evitar una escalada en la calle. No obstante, desde el Partido Justicialista aseguran que la marcha sigue en pie "como expresión política contra la persecución judicial". 

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