El Gobierno anunció que la secretaría de Derechos Humanos pasará a ser subsecretaría y sufrirá un recorte del 40% de la estructura y del 30% del personal.

La medida es impulsada por el Ministerio de Justicia de la Nación y fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien detalló que “implica un ahorro de 9000 millones de pesos”.

“Ahora sí se van a encargar de defender todos los derechos humanos y no van a defender los intereses de un sector partidario e ideológico”, señaló Adorni.

El portavoz del Presidente también anunció que el Gobierno dispuso “el cierre, la centralización y la fusión de distintos organismos dependientes de la Secretaría de Cultura".

demás, indicó que se avanza en una reforma en el funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro que se recibió con una estructura “sobredimensionada y con funciones duplicadas”, cuyo presupuesto “se gastaba un 65% en sueldos y funcionamiento” y durante esta gestión “ya se redujo un 20% la planta de empleados y se va a seguir recortando el gasto innecesario”.

Por otro lado, Adorni informó que el Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertida en Subsecretaría, iniciativa por la cual “se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales. Esta cartera ahora sí se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos, y no de defender un sector ideológico partidario”, aseguró.

Además, el vocero anunció que más de 15.500 usuarios de electricidad que viven en Puerto Madero y en barrios privados del AMBA van a ser excluidos del Régimen de Subsidios Energéticos mediante una recategorización automática que implicará un ahorro de más de 3 mil millones de pesos al año.  Explicó que el 44% se había categorizado como de ingresos bajos y el 56% se consideraba de ingresos medios, pero a pesar de ese registro “gozaban de privilegios como piletas climatizadas”, mientras que “sus consumos mensuales se equiparaban con los de una pyme promedio”. 

Esta iniciativa, que tiene como objetivo garantizar una distribución eficiente, justa y transparente de los recursos públicos, “contribuye a consolidar aún más el orden fiscal y es un paso importante para sanear un esquema tarifario devastado por el despilfarro de 150 mil millones de dólares durante subsidios en los últimos 20 años. La energía cuesta, y quien puede pagarla, debe hacerlo”, sentenció.