La Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, ha formalizado este lunes una investigación preliminar y requerido la instrucción formal de una causa en torno a las presuntas irregularidades en la administración de las oficinas del PAMI y la Anses en el Chaco.

La decisión de Sabadini se da luego de conocidas investigaciones periodísticas que revelaron una supuesta trama de financiamiento ilegal de La Libertad Avanza (LLA) a través de aportes que habrían sido ordenados por los funcionarios a cargo de esas áreas Silvia Arolfo (PAMI) y Alfredo “Capi” Rodríguez (Anses).

Según publicaron en las últimas horas distintos medios de prensa nacionales, el  escándalo en torno a este caso salpica a la conducción de LLA e involucra al PAMI parece replicarse en distintas provincias. Se trata de una serie de denuncias sobre presuntos pedidos de aporte partidario que los responsables del partido de Javier Milei vienen realizando a los funcionarios políticos de la obra social de los jubilados para financiar las actividades de campaña.

La causa, caratulada como "INVESTIGACIÓN PRELIMINAR S/ POSIBLE DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA", se centra en una serie de hechos que involucran a organismos del Estado Nacional, PAMI y Anses, así como a su personal, incluyendo empleados, médicos y funcionarios.

La información que dio origen a esta investigación trascendió inicialmente el 1 de mayo pasado a través de señales de televisión nacional como TN y A24, y posteriormente alcanzó alta difusión en otros medios nacionales y locales.. Específicamente, se hizo referencia a situaciones que estarían ocurriendo en las oficinas de Anses y PAMI con asiento en el Chaco.

Según se detalló en programas periodísticos como "La ves" (TN) y "Wifi 24" (A24), la presunta maniobra consistiría en que funcionarios y empleados de ambos organismos eran conminados a entregar un porcentaje de sus haberes para asegurar su continuidad en sus funciones. Se mencionó que las contrataciones de personal, funcionarios y médicos en estos organismos supuestamente debían realizarse con personas que "de alguna manera aseguren que iban a responder al partido", siendo esta condición determinante, incluso por encima del currículum o las condiciones de la persona.

Particularmente en el caso del Chaco, se refirió la existencia de un "balance" o planillas con datos de lo que cada persona aportaría por mes. Durante la presentación en A24, se mostraron planillas de rendición con el título "LLA RENDICIÓN DESDE DICIEMBRE 2023 HASTA 13/12/2024". Se señaló además que cada uno de los pagos habría sido efectuado vía transferencia bancaria a los jefes de las delegaciones del interior de ambos organismos.

Ante estas circunstancias, y por tratarse de sucesos que involucran organismos y funcionarios de carácter nacional, la Fiscalía Federal de Resistencia decidió iniciar la investigación preliminar. El Ministerio Fiscal estima que el comportamiento atribuido a las personas cuya responsabilidad se determine podría subsumirse, en principio, en el delito de Extorsión, tipificado en el artículo 168 del Código Penal.

La figura de la extorsión, según explica el fiscal, es un delito "pluriofensivo" que ataca simultáneamente dos bienes jurídicos: la libertad y la propiedad. Se afecta la libertad mediante la intimidación o violencia, generando miedo que impide la libre decisión de la víctima para satisfacer una exigencia ilegítima. Al mismo tiempo, se afecta la propiedad al buscar apropiarse del dinero, bienes o documentos de la víctima. El fiscal considera que el medio empleado para obligar a las víctimas a ceder un porcentaje de sus haberes fue a través de claros actos intimidatorios, especialmente en el contexto de la necesidad de conservar sus fuentes de trabajo.

A fin de reunir mayores elementos probatorios, la Fiscalía ha solicitado al tribunal que ordene diversas medidas que permitan acreditar los extremos del hecho relatado. El requerimiento de instrucción formal se presenta en los términos del artículo 188 del Código Procesal Penal de la Nación.