La escribana Claudia Carolina Fernández se comunicó con Alerta Urbana para rechazar acusaciones mediante una rectificación pública de una noticia que hizo visible este medio en torno a un caso de presunta estafa con alquileres, situación denunciada días atrás por un grupo de personas.

De esta manera,  Fernández exigió la rectificación de la información difundida, solicitud con la que este medio cumplió con la lectura al aire de su carta dirigida a Alerta Urbana.

En la misiva, Fernández negó tener relación alguna con los hechos y aclaró que su única intervención fue la certificación de firmas de una de las partes, sin involucrarse en el contenido del acuerdo. "Declaro que no conozco a ninguna de esas tres personas y tampoco se presentaron en mi escribanía", afirmó en el documento, agregando que "la única relación que he sostenido es con la persona que requirió mis servicios para la certificación de firmas".

La escribana explicó que, como profesional, su función en los instrumentos privados se limita exclusivamente a dar fe de la autenticidad de las firmas, sin asumir responsabilidad sobre el contenido del documento. "El escribano no asume responsabilidad sobre los acuerdos privados entre las partes, sino que únicamente da fe de que las firmas han sido puestas en su presencia", detalló.

Fernández también se refirió a la diferencia entre los instrumentos públicos y privados, destacando que estos últimos "se confeccionan en base al acuerdo de quienes los establecen", y que "la finalidad de dejar registro escrito de las obligaciones asumidas es decisión exclusiva de las partes".

Además, advirtió que la acusación en su contra carece de sustento y exigió una rectificación. "Solicito la rectificación de la acusación ligera, sin los debidos antecedentes, que se formalizó de manera pública en mi contra, basada en meras conjeturas infundadas y que carecen de aporte fáctico y jurídico", expresó en su carta, invitando a los denunciantes a "corroborar las denuncias, de lo que surgirá que no he sido citada en ninguna de ellas".

Finalmente, Fernández subrayó que su intención no es afectar la libertad de expresión, sino resguardar su nombre y exigir que la información pública sea veraz. "No es mi intención cercenar la libertad de expresión que tiene rango constitucional, sino que, al producir una afectación directa hacia el nombre de una persona, para el caso que da fe pública, se corrobore con precisión los extremos que se denuncian", concluyó.

El caso

Un grupo de al menos diez personas denunció días atrás haber sido estafado por Maisa Nerea Michonovic, quien ofrecía en Facebook el alquiler de una casa en Barranqueras, exigiendo dinero por adelantado con la excusa de realizar reparaciones en la propiedad. Sin embargo, la vivienda nunca fue entregada ni el dinero devuelto, según relataron tres de las víctimas –Sofía Niz, Melina Salati y Natalia Barrios– en Alerta Urbana, que solamente hizo lugar al reclamo público y difundió este punto de vista.

Las partes involucradas en esta nota tienen su correspondiente derecho a réplica, comunicándose con la producción del programa Alerta Urbana de lunes a viernes de 9 a 13 a los teléfonos 3624-100411 / 3624-622442.

 

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