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INTERNACIONALES

16 de septiembre de 2020

La ONU acusó a Nicolás Maduro y su gobierno de cometer “crímenes de lesa humanidad”

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En un informe, especialistas investigaron 223 casos y denunciaron el uso de la tortura y ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas bolivarianas.

El presidente venezolano Nicolás Maduro y los ministros más importantes de su gobierno están vinculados con posibles “crímenes de lesa humanidad”, afirmó este miércoles una misión de la ONU al presentar un informe que analiza casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en Venezuela.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, en un comunicado.

Valiñas agregó que algunas de las violaciones a los derechos humanos “incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad”.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del Gobierno”, agregó.

“El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”, afirmó.

“Matar criminales sin compasión”

Así, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, no podrían atribuirse a “falta de disciplina” de las fuerzas de seguridad, sino que “parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, según Valiñas.

Un video de entrenamiento de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), autentificado por la Misión, animaba a los efectivos a “matar criminales sin compasión”.

El informe da también cuenta de una masacre de civiles en una operación militar en el estado de Miranda en 2016, en las que al menos 12 ciudadanos fueron detenidos arbitrariamente, ejecutados a balazos y machetazos y enterrados en fosas comunes.

Los investigadores llamaron a poner fin a la impunidad, para lo cual “las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas”.

Valiñas planteó también la intervención de las jurisdicciones de otros países, así como del Tribunal Penal Internacional, que “deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la misión ha identificado”.

Desmantelar las FAES

La experta de la ONU pidió además que las FAES sean “desmanteladas”, ya que junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado.

Venezuela vive desde 2015 una grave crisis económica y política, que se profundizó en 2019 cuando el líder opositor y titular del parlamento Juan Guaidó se proclamó presidente encargado del país, luego de declarar que Maduro usurpó el cargo tras ser reelecto en unos cuestionados comicios un año antes.

En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la situación en el país al presentar un informe en el que denunciaba “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”.

223 casos en un informe de 443 páginas

En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un exhaustivo informe de 443 páginas.

Además, estudió otros 2891 casos para “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.

No obstante, esta misión no pudo visitar Venezuela, debido a que “el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes” y a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia del nuevo coronavirus y realizó 274 entrevistas a distancia, explica el informe.

Si bien la misión reconoce “la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público”, constató que “el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela”.

Fuente: www.tn.com.ar

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