La reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela enfrenta duras críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , que denunció el martes la falta de "legitimidad democrática" del proceso electoral. Según el organismo, las elecciones estuvieron marcadas por "prácticas de terrorismo de Estado" diseñadas para silenciar a la oposición y sembrar miedo en la población.

En su informe titulado "Venezuela: Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral", la CIDH documentó abusos ocurridos antes, durante y después de los comicios. Las denuncias se dan a conocer a tres días de la investidura presidencial prevista para este viernes en Caracas, donde tanto Nicolás Maduro como su rival opositor, Edmundo González Urrutia, tienen programado jurar el cargo. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador sin publicar las actas oficiales, lo que avivó las sospechas de fraude. Según datos recopilados por la oposición, González Urrutia habría obtenido el 67% de los votos . Desde su exilio en España, el candidato opositor denunció la reciente detención de su yerno en Caracas por parte de "hombres encapuchados", en un acto de intimidación.

"La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática", señala el informe de la CIDH.

La represión del régimen incluyó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, según la Comisión. Además, se implementó una estrategia represiva en tres etapas para asegurar la permanencia de Maduro en el poder. 

Durante la primera etapa, previa a las elecciones, se buscaron obstaculizar las candidaturas opositoras mediante inhabilitaciones políticas y hostigamiento. En la segunda, durante la jornada electoral, se manipularon los resultados. Finalmente, en la tercera etapa, la respuesta a las protestas sociales fue una represión sistemática con un aumento en el uso del terror como mecanismo de control. 

La llamada "Operación Tun Tun", ejecutada tras los comicios, dejó al menos 25 muertos, decenas de desapariciones breves y más de 2.000 detenciones arbitrarias, incluyendo niños y adolescentes. La CIDH destacó que estas acciones incluyeron torturas y violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos. 

El informe también subraya la falta de independencia del sistema judicial venezolano, lo que perpetúa la impunidad. Por ello, la CIDH exhortó a la fiscalía de la Corte Penal Internacional a formalizar un caso contra el régimen por crímenes de lesa humanidad. 

Además, instó a la comunidad internacional a mantenerse vigilante ante posibles escaladas represivas. En este sentido, organismos como el Centro Carter y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU también denunciaron irregularidades y abusos durante el proceso electoral. 

"La maquinaria represiva del chavismo se reactivó con más fuerza tras las elecciones", señala la CIDH, destacando la participación de grupos armados civiles en la represión de las manifestaciones.

Por otro lado, el organismo otorgó recientemente medidas cautelares a favor del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, secuestrado en Venezuela. La CIDH exigió al régimen garantizar la seguridad del detenido y proporcionar información sobre su situación.

La oposición venezolana ha convocado protestas para este jueves, un día antes de la ceremonia de investidura. Aunque Venezuela ya no forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la cual pertenece la CIDH, las recomendaciones del organismo siguen siendo ignoradas por el gobierno de Maduro.

Con la investidura presidencial en el horizonte, la presión internacional sobre el régimen aumenta, mientras el pueblo venezolano continúa enfrentando una crisis política y social sin precedentes. La CIDH dejó claro que las elecciones de 2024 representan no solo una alteración del orden democrático, sino un grave atentado contra los derechos humanos fundamentales.