El Gobierno nacional estableció nuevas regulaciones para limitar la influencia política en espacios públicos y educativos mediante los decretos 1084/2024 y 1086/2024, publicados en el Boletín Oficial.

Las medidas, firmadas por el jefe de Ministros, Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el presidente Javier Milei, buscan garantizar la neutralidad partidaria en edificios estatales y en las escuelas del país. 

El primer decreto prohíbe la exhibición de cualquier elemento que pueda interpretarse como propaganda política partidaria en edificios, oficinas, monumentos y demás bienes pertenecientes al Estado Nacional. Esto incluye imágenes, símbolos y referencias que promuevan una figura o ideología política específica.

Asimismo, se establece que no se podrán asignar nombres de personalidades políticas a bienes estatales hasta que hayan transcurrido al menos diez años desde el fallecimiento de la persona homenajeada . Esta restricción también aplica a hechos históricos, evitando así una vinculación inmediata con la política actual.

De igual manera, queda vedada la asignación de nombres relacionados con personas que hayan ejercido cargos públicos mediante actos de fuerza que atentaron contra el orden constitucional y democrático, promoviendo un enfoque de respeto hacia los valores republicanos y democráticos.

El decreto también establece que los funcionarios públicos tienen prohibido utilizar recursos del Estado para promocionar su imagen, ideología o afiliación política . Esta medida busca garantizar que los recursos públicos se destinen exclusivamente al bienestar colectivo y no al beneficio personal o partidario.

Además, cualquier ciudadano podrá denunciar violaciones a estas disposiciones ante las autoridades nacionales. El incumplimiento por parte de un funcionario será considerado una infracción grave en el ejercicio de la función pública, lo que podría derivar en sanciones administrativas y legales.

En paralelo, se introdujeron cambios a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Las modificaciones subrayan que la imposición de una manera de pensar o actuar político-partidaria en el ámbito educativo vulnera derechos fundamentales, como la dignidad, la integridad personal y la libertad de conciencia de los niños, niñas y adolescentes.

El texto modificado incorpora explícitamente que cualquier intento de imponer una ideología política en las escuelas constituye una violación al derecho a la educación . De esta manera, se busca garantizar un entorno educativo plural y libre de influencias partidarias, alineado con los principios de libertad y neutralidad.

Con estas medidas, el Gobierno busca erradicar la instrumentalización política de espacios estatales y educativos, promoviendo un uso transparente y responsable de los recursos públicos. Estas decisiones reflejan un compromiso con el fortalecimiento institucional y el respeto por los derechos individuales.

Por último, estas normativas resaltan la importancia de proteger a las nuevas generaciones de posibles influencias ideológicas en su formación, promoviendo una educación basada en valores democráticos y pluralistas que respete la libertad de pensamiento.