La muerte de Diego Armando Maradona lleva cuatro años sin una respuesta. ¿Hay culpables de su desaparición física? ¿Qué omitieron hacer aquellos que los tenían que cuidarlo? ¿Dejaron librado a su suerte a una de las personas más importantes de la historia? ¿Existió un plan criminal para eliminar de la faz de la tierra al Diez eterno? Para entender por qué estas preguntas aún no tienen una respuesta definitiva, es obligatorio adentrarse en una historia judicial llena de vaivenes, apelaciones, presentaciones judiciales, pericias objetadas, guerras mediáticas y dilaciones sin sentido. Con un último capítulo inesperado por muchos: no habrá un juicio por la muerte de Maradona, habrá dos.

El miércoles 25 de noviembre de 2020, al mediodía, la noticia de la muerte de Maradona comenzó a expandirse en todo el mundo. Desde ese mismo momento, la justicia de San Isidro comenzó una investigación para determinar qué había pasado. La información con la que se contaba en ese entonces, y que después fue ratificada, era que Diego estaba hacía 15 días en una internación domiciliaria luego de una operación por un hematoma subdural.

El fiscal general del distrito, John Broyad, conformó un equipo para determinar qué había pasado. La fiscal natural era Laura Capra y a ella se le sumaron los dos adjuntos: Cosme Iribarren y Patricio Ferrari. Lo primero que se estableció fue que la internación domiciliaria era sumamente deficitaria: la casa no estaba preparada para albergar a un paciente como Maradona y no había elementos médicos adecuados, entre otras irregularidades.

Luego se delimitó a los investigados. Fueron puestos bajo la lupa todos aquellos que tuvieron algún contacto médico con el ex futbolista durante esos fatídicos 15 días. Al cabo de varios meses de análisis de peritajes, declaraciones, filmaciones e historias clínicas se determinó que, finalmente, los acusados eran ocho

El neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz formaban parte del equipo médico permanente de Diego y fueron acusados de homicidio con dolo eventual. A ellos se le sumaron, con la misma acusación, Nancy Edith Forlini de la empresa de medicina prepaga, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna. En todos los casos la pena en expectativa es de 8 a 25 años de prisión.

En abril del 2023 la causa ya contaba con 52 cuerpos y fue elevada a juicio por el juez Orlando Diaz, a pedido de los fiscales de San Isidro. Sin embargo, insólitamente, algunos meses después se determinó que en vez de hacerse un juicio, se iban a hacer dos.

¿Por qué motivo se desdobló la causa? Una vez elevada a juicio la causa, se sorteó el tribunal oral que se encargaría del juicio. De esa manera, quien tomó el expediente fue el TOC N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach.

Ya con el tribunal conformado, comenzó el festival de recursos y apelaciones por parte de todas las defensas. Es válido aclarar que cada imputado tuvo su defensor particular. Una de esas quejas fue la de Rodolfo Baqué, abogado de la enfermera Madrid. El letrado pidió que su defendida sea juzgada por juicio por jurados. Es decir, por un tribunal de 12 ciudadanos que nada conocen sobre derecho. El problema es que el resto quiso ir a un debate tradicional.

Se produjo ahí un intríngulis del que nadie tenía en claro cómo salir. Ante esta disyuntiva, y la falta de resolución, la Justicia decidió aplazar el inicio del debate para 2025. Debía empezar el 1° de octubre pasado y fue pasado para el 11 de marzo del próximo año. Un tiempo después de esta decisión, la Cámara de Casación Bonaerense entendió que la enfermera debía tener su propio debate. Por esto, ordenaron que se hagan dos juicios. Uno para la enfermera, por jurados, y otro técnico para el resto de los acusados.

En ese contexto, se sorteó al TOC N°7 de San Isidro para que se haga cargo del juicio de la enfermera. Ese tribunal, esta vez unipersonal, está conformado por la juez María Coello. En este contexto, los fiscales pidieron aplazar la fecha de inicio para después del debate de los otros siete imputados; las querellas acompañaron este reclamo. Para fundamentar el pedido, los fiscales Iribarren, Capra y Ferrari aseguraron que la metodología de tratamiento de los testigos es incompatible.

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