En medio de una serie de resoluciones para recortar la cantidad de agentes en el Congreso, la Cámara alta finalizó días atrás el vínculo laboral que mantenía con la ex senadora kirchnerista,  la chaqueña  que tuvo mandato entre 2007-2013 Elena Corregido: cuando terminó su cargo como legisladora, en diciembre de dicho año, continuó como planta política y luego como temporaria con la categoría más alta, la A-1.

Según una resolución administrativa de la Cámara que comanda la vicepresidenta, Victoria Villarruel, Corregido dejó su banca de legisladora y “fue contratada en la planta política del Organismo hasta el 10 de diciembre de 2015, para luego ser designada en la planta temporaria a las órdenes de la senadora -y sanjuanina Marina- Riofrío”.

En el texto en cuestión además se aseguró que si bien la ley del empleado legislativo -24.600- prevé la baja del personal temporario a la terminación del mandato de quien haya propuesto su designación -en este caso, la hoy ex senadora Riofrío-, Corregido “fue afectada a la Prosecretaría Administrativa” por una disposición de Recursos Humanos en 2018 y que, durante el corriente año, prestó servicios en la comisión de Coparticipación Federal de Impuestos.

La chaqueña fue intimada el 27 de junio pasado, por 30 días, para que iniciara su trámite jubilatorio, algo que suelen olvidar muchas personas. Ante esta situación, Corregido presentó una renuncia condicionada. A partir de aquí es donde ingresan las peripecias legales más finas. Las actuales autoridades jurídicas y de Recursos Humanos del Senado, que apuntaron a lo siguiente: la exlegisladora presentó la certificación de servicios en su distrito, aunque no lo hizo -siempre, según documentación oficial- con la constancia de turno de la ANSeS que se suele requerir para iniciar estos expedientes.

Otro punto importante considerado por la Cámara alta es que la ley 24.600 define los conceptos de planta permanente y temporaria. En esa línea, remarca que el primer grupo goza de los derechos a la estabilidad en el empleo y el progreso en la carrera administrativa y no así el segundo lote, que son contratados -en un escenario ideal- para cumplir funciones a las órdenes de un legislador nacional, un bloque partidario o funciones de asesoramiento político en una comisión.

Después de la enumeración de argumentos, las autoridades del Senado concluyeron que Corregido no cumplió los 10 años de servicio y, por ende, no sólo no le correspondía percibir el pago por servicios cumplidos estipulado en la Resolución Conjunta 11/12, sino también la baja como agente. Es lo que dejaron en claro los artículos 1 y 2 de la resolución administrativa 1070/24, del último 9 de octubre.

A fin del mes pasado, Villarruel mantuvo una reunión clave con los principales sindicatos del Congreso, ante un combo de decretos que derivó en 56 despidos en la Cámara alta. Tras la cumbre, que desde ambos sectores calificaron de “buena y cordial”, quedó la promesa de revisar algún caso con diferencias de interpretación, según la visión oficialista o gremial.

Las resoluciones de Villarruel se dieron en función de las conclusiones de la Comisión de Análisis de Dotación (CAD) de la Cámara alta, creada en mayo del corriente año y que los sindicatos no quisieron integrar, ni siquiera, de manera informal. Desde el aterrizaje de la nueva conducción al Senado, ya son más de 400 las personas que cesaron en sus funciones.

Por caso, un empleado que no asistía fue desvinculado el 1 de febrero pasado y este medio corroboró que el ahora ex trabajador aceptó en Río Negro la culpabilidad por daños y amenazas a una mujer en un juicio abreviado, en agosto de 2021, y usó durante meses una tobillera electrónica que no le impidió continuar con su relación con el Senado.