Los más perjudicados serán los pueblos de menos de 10.000 habitantes y los destinos turísticos fuera de temporada.

La primera lectura que hizo el sector empresario es que la desregulación que efectuó este lunes por la mañana el Gobierno «implica el fin del servicio público de larga distancia».

Hasta ahora un determinado grupo de empresas, alrededor de 120 o 150, tenían la exclusividad de la operación en determinadas de rutas del país.

Esas firmas operan destinos entre capitales o ciudades muy importantes, donde hay mucha demanda, pero también en el medio se les asignaban otros territorios como pueblos más pequeños que no son rentables operar. Es decir, existían derechos, pero también obligaciones. Ahora, esa lógica se terminó.

El decreto elimina los criterios de regularidad y obligatoriedad. «Todas las empresas quieren ir a la costa atlántica en verano, el problema es quien quiere ir en agosto, cuando la demanda no es la misma en esas ciudades», relató una fuente del sector a Ámbito.

Con la desregulación se flexibilizan varios aspectos de la operación actual, como la obligación de operar en terminales que permite a la autoridad ejercer controles. Además, se liberan otras restricciones que permitirán el ingreso de nuevas empresas. Esto implica que se pueda operar con combis en lugar de micros. También se les habilitará el ingreso a aeropuertos para levantar pasajeros.