La elevada accesibilidad a este tipo de vehículo provocó un problema para el sistema de salud pública en búsqueda de una rehabilitación tras sufrir un accidente.

En este contexto, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que permitirá la creación de un fondo solidario para la atención de personas que sufrieron accidentes de tránsito o viales.

El proyecto pasa a Senadores en una antesala a un enfrentamiento con el sector privado dedicada a la fabricación e importación de motocicletas que hasta la fecha ha bloqueado todo intento de hacer vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) por supuestamente constituir una nueva erogación para sus clientes que repercutiría en el nivel de ventas.

De acuerdo a los últimos datos proveídos por la Policía Nacional y la Patrulla Caminera, de 100 muertes ocurridas en el tránsito anualmente, 19 son conductores de motocicletas. En caso de lograr superar terapia intensiva, pasan a formar parte de los 91 mil paraguayos que solicitan agenda para rehabilitación en la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

Sobre el punto, el diputado Hugo Meza admitió que la posibilidad de hacer vigente el seguro por accidente por parte de las empresas fabricadoras se encuentra lejano debido a los costos que representan a los nuevos clientes para acceder a las motocicletas. Sin embargo, considera un paso exitoso la aprobación de los fondos que representará un alivio para las personas.

"Plena conciencia que se debe avanzar hacia el seguro obligatorio. Esta ley es temporal para dar respuesta inmediata a los miles de accidentados que vemos a diario y no encuentra respuestas en las instituciones responsables de brindar el servicio", comentó el diputado Meza.

En tanto, por parte de ex directores de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN) los fondos no serán suficientes ante la pandemia de accidentes que ocurren a diario y que la solución de raíz debe ser obligar a las empresas del rubro a aplicar la vigencia del seguro contra accidentes de manera a paliar los gastos.

Carmen Alonso, ex directora de la DIBEN consideró que debe regir un plan de acción pública entre todas las instituciones afectadas de manera a poner un freno a la cantidad de muertes e inválidos que hoy ya son una carga económica para el Estado.

"Las empresas no quieren subir el costo porque solo les preocupa vender sus motos. Esto no es estar de acuerdo o no. No podemos tener una sociedad mutilada", indicó Alonso.

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