El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que depende del Ministerio de Salud, comenzó a auditar las 400.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral otorgadas a beneficiarios de la provincia de Buenos Aires y 27.000 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una investigación oficial había revelado “graves irregularidades” y “un esquema de corrupción”. Solo el 7% cumplían con los requisitos establecidos. En ese marco, el 19 de julio el portavoz presidencial Manuel Adorni denunció el desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas por USD 3.400 millones.

La medida se realiza de manera paralela a la denuncia penal que realizó Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, y tramita en la fiscalía de Guillermo Marijuán. Entre esas presuntas irregularidades se había detectado que en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, se gestionó ante el organismo una pensión por discapacidad laboral con la radiografía de un perro. Según el detalle al que accedió este medio, las irregularidades incluyen, por ejemplo, 150 expedientes en los que se utilizó la misma radiografía de hombro para justificar el diagnóstico clínico. En otros registros, en vez de la descripción médica de la incapacidad se transcribió un poema.

El Gobierno sospecha que de las 1.250.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral que paga el Estado, unas 500.000 podrían ser “truchas”, es decir, mal otorgadas.

La auditoría comenzó con las casi 27.000 pensiones otorgadas a residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Seguiremos por las 400.000 de provincia de Buenos Aires y las casi 99.000 de la Provincia de Chaco, continuando luego por el resto del país”, detalló.

El abogado, y profesional de confianza de Javier Milei, precisó: “Con estas auditorías, buscamos dar transparencia al sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral para que las mantengan y reciban quienes realmente lo necesiten y estén avalados por la ley”.

 “El objetivo es que no se quite ningún beneficio a quien verdaderamente le corresponda, sino solamente a aquellas personas a las que le fueron otorgadas de manera fraudulenta”, advirtieron desde el gobierno nacional.

La investigación previa realizada por la ANDIS ya determinó que entre el 10 de diciembre de 2019 y 10 de diciembre de 2023, es decir durante la Presidencia de Alberto Fernández, se otorgaron “casi 300 mil pensiones por discapacidad laboral”.

El trabajo destaca que a partir de 2020 comenzaron “una catarata de Resoluciones y Decretos flexibilizando el otorgamiento de las pensiones”.

Una investigación previa determinó que entre el 10 de diciembre de 2019 y 10 de diciembre de 2023 se otorgaron “casi 300 mil pensiones por discapacidad laboral”

 “Con este mecanismo perverso accedieron a la pensión por invalidez laboral personas sin invalidez laboral, e inclusive sin condición médica alguna -pero que les entregaron la pensión por su condición de pobreza- y personas que poseían alguna condición médica pero que no eran invalidante y que trabajaban, o que tenían obra social o prepaga y poseían ingresos ellos y/o su grupo familiar de hasta 1.5 millones de pesos”, explicaron las autoridades de Salud.

EN CHACO

En la provincia la investigación inicial estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña que comenzó con el cruce de datos con la Administración Nacional de la Discapacidad (ANDIS) y halló una serie de irregularidades que determinaron una profunda intervención por parte de la Justicia. 

Entre algunos casos, se encontraban personas con torceduras de tobillos con un porcentaje de 82% de incapacidad y otros con la enfermedad de Chagas con el 60%.

"Encontramos de todo un poco, con gente que en realidad no es discapacitada, sino que recibía esto como una especie de beca, entre ellos muchos empleados municipales. Obviamente, hay personas que se ha comprobado que cobran bien el subsidio por discapacidad y a esas personas no se les ha tocado, pero a otras personas se les cortó el servicio", había revelado Amad.

Los beneficiarios  truchos serían especialmente en Taco Pozo y otras ciudades de Sáenz Peña, Charata, Pinedo, Villa Ángela, Machagai, Quitilipi, Tres Isletas, Villa Río Bermejito, La Tigra, Chorotis.

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