El fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini presentó una acusación y pedido de investigación a un grupo de siete ciudadanos.

En la presentación a la que pudo acceder Alerta Urbana los hechos se enmarcados en una denuncia por irregularidades en los últimos años con recategorizaciones que posibilitaron desmontes indiscriminados.

Las situaciones abarcan “gran parte del territorio provincial, con peligro y daños irreversibles para el medio ambiente y generaciones futuras” se lee en el escrito.

El fiscal consigna que los hechos se ratifican en conductas de algunos acusados para la sanción de la Ley 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que “traería aparejada la aniquilación de bosque protegido en la provincia, para beneficio económico de unos pocos”.

El fiscal señala que se incluirá a toda otra persona que posteriormente se determine haya participado en el carácter de coautor/es, cómplice/s y/o encubridor/es de los hechos que se investigan, por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” (art. 248 del Código Penal), “tráfico de influencias” (art. 256 bis del Código Penal), “negociaciones incompatibles con la función pública” (art. 265 del Código Penal), “malversación de caudales públicos” (art. 260 del Código Penal), “asociación ilícita” (art. 210 del Código Penal).
 

Los nombres

Tres de los acusados son exfuncionarios provinciales: Miguel Ángel López, exdirector de Bosques del Chaco y que actualmente se desempeña como empresario forestal; Luciano Olivares, exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción; y Hernán Miguel Brunswig, exministro de Planificación y Ambiente.  

Además se incluye a Atlanto Honcheruk, empresario forestal y diputado provincial; al legislador también en funciones Juan José Bergia; al intendente de El Espinillo Zenón Cuellar, y a la autoridad competente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible.

Sabadini también adelanta que pedirá se investigue contra las empresas vinculadas en probable daño ambiental a la provincia como parte de la Ley de Responsabilidad Penal contra las personas jurídicas 27401. La lista incluya a “Vicentin”; “Las Guindas” S.A; “Establecimiento Monterrey”; “Cuenca Del Salado” S.A; “Grupo Buratovich Hermanos”; “Msu” S.A; “Triad” S.A; “Alejandro Hayes Coni”, “Ricardo Shihon” y “Jerilderie” S.A; “Cigra” S.A; “La Nueva Piramide”.

Al mismo tiempo se pide investigar posible desvío de fondos nacionales y de Naciones Unidas enviados a la provincia con fines de protección de bosques y comunidades de pueblos originarios.

La solicitud dirigida a la juez Zunilda Niremperger pone el acento en que cesen los desmontes en la provincia. Sin embargo, según pudo confirmar Gustavo Olivello para Alerta Urbana, hasta el momento el gobierno chaqueño no emitió orden alguna de autorización de desmonte.

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