Tomando como sostén la Ley de Emergencia Administrativa 23.696 -conocida también como la "Ley Dromi" que fue uno de pilares de las reformas de la administración menemista-, el Gobierno de Javier Milei procedió este lunes a reglamentar el capítulo privatizador de la Ley Bases, fijando la hoja de ruta que deberán seguir las ocho empresas estatales que recibieron el visto bueno del Congreso para ser transferidas a manos privadas.

Por medio del decreto 695/24, el Poder Ejecutivo aprobó la reglamentación de los primeros 59 artículos de la Ley Bases que comprenden los cambios y modificaciones en juego en cuatro ítems claves: reorganización estatal, privatizaciones, procedimiento administrativo y empleo público.

En lo que atañe específicamente a las "privatizaciones", la gestión libertaria definió las distintas alternativas y acciones que deberán encarar las autoridades de las empresas y los ministros que tengan jurisdicción sobre ellas para llevar adelante los procesos de venta, concesión o transferencia a los trabajadores.

Tal como quedó aprobada la Ley Bases, el Gobierno ya tiene la vía libre para salir a privatizar total o parcialmente seis empresas: Intercargo, AySA, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (Sofse), Corredores Viales SA y Enarsa.  Además, en los casos de Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nasa), tiene liberado el camino para organizar un "programa de propiedad participada" o incorporar capital privado, pero conservando el Estado el control o la mayoría accionaria.

Qué dice la Ley Bases

La reglamentación de la Ley Bases establece como primera medida que "el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa a privatizar deberá elevar, con intervención previa de la Agencia de Transformación de Empresas del Estado, un informe circunstanciado con la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización".

En ese informe, deberán precisar los siguientes puntos: el carácter total o parcial de la privatización propuesta; las alternativas de procedimiento de transformación; las modalidades más convenientes para materializar la privatización; el procedimiento y los plazos de selección que se prevean utilizar y la eventual propuesta para el otorgamiento de preferencias a determinados oferentes.

En cuanto a las "alternativas de procedimiento", la reglamentación mileísta habilita a los funcionarios a implementar todas las acciones previstas en la ley de emergencia del menemismo. Entre otras medidas relevantes podrán "transferir la titularidad, ejercicio de derechos societarios o administración de las empresas; constituir sociedades; reformar los estatutos societarios y otorgar permisos, licencias o concesiones para la explotación de los servicios públicos o de interés público a que estuvieren afectados los activos, empresas o establecimientos que se privaticen".

A eso se agregan tres acciones más que podrían generar ruido: autorizar diferimientos, quitas, esperas o remisiones en el cobro de créditos de organismos oficiales contra entidades que se privaticen; establecer mecanismos a través de los cuales los acreedores del Estado y las empresas puedan capitalizar sus créditos y disponer, para cada caso, que el Estado asuma el pasivo total o parcial de la empresa a privatizar, a efectos de facilitar o mejorar las condiciones de la contratación".

Por el lado de las "modalidades" que podrían utilizarse para las privatizaciones, el decreto fija cuatro vías posibles: licitación pública, concurso público, remate público y venta de acciones en Bolsas y mercados del país o del extranjero. 

Fuente: IProfesional.

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