Ayer, los diputados del oficialista Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa) también anunciaron que presentarán un pedido similar que, según las fuentes, se concretará en las próximas horas en las oficinas del Superior Tribunal de Justicia.

“Hemos realizado la denuncia formal por mal desempeño de sus funciones por incumplimiento reiterado de los deberes de funcionaria judicial y negligencia reiterada en el ejercicio del cargo", explicaron los diputados Ardohain y Trapaglia en un comunicado.

Para los diputados del PRO, la jueza Pérez Ballester debe explicar por qué “no se realizó un informe socio-ambiental del contexto familiar, donde iba a vivir Lucio”; “no se informó, ni se citó a testigos”; “no se escuchó al menor”; “no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales”; “no se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental”; ni explicó el “cambio de centro de vida de General Pico a Santa Rosa”.

El pedido fue acompañado por los diputados Matías Traba y Eduardo Peppa, integrantes del bloque Propuesta Federal que comparten con los diputados del PRO.

Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa a causa de las lesiones que le provocaron su madre Espósito Valenti y su pareja Páez, a quienes ayer el Tribunal de Audiencia, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Andérs Olie y Daniel Sáez Zamora, declaró culpables por "homicidio triple y doblemente agravado".

Además, a la pareja de la madre la condenó por abuso sexual, con acceso carnal, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años.

El pedido de juicio político busca establecer los motivos de “la atribución del cuidado personal del niño Lucio Abel Dupuy a su progenitora” que “derivó en los malos tratos y consecuente muerte del niño”.

“La magistrada hoy denunciada omitió, en una sucesión de oportunidades procesales, el cumplimiento de deberes a su cargo, deberes que implicaban adoptar las medidas necesarias para la protección del interés superior del niño, el cual debe estar presente en toda actuación de este tipo”, afirman.

La denuncia agrega que “no se observa que en el expediente (de la tenencia) se haya ordenado la realización, por ejemplo, de un informe socioambiental, o se haya recabado la comparecencia de testigos, como medidas básicas para determinar las condiciones de vida a las que se enfrentaba Lucio Dupuy a partir del cambio de residencia y cuidadores”.

“También se observa, por ausencia de constancia procesal alguna al respecto, que el niño fue privado de su derecho a la escucha”, y agregan “no menos grave” es que “no se notifica ni trae a juicio al progenitor del niño a su padre”.

“En este aspecto es necesario tener en cuenta que el cuidado personal es una de las figuras legales derivadas de la responsabilidad parental y que ésta les compete a ambos progenitores por igual”, por lo que los diputados Ardohain y Trapaglia consideran que “dicha intervención, debió materializarse entonces a través de una citación formal ordenada por el tribunal interviniente, la que al ser omitida implica que el cuidado personal fue dirimido sin intervención de una de las partes necesarias en el mismo, pudiendo afirmarse que se tramitó directamente a espaldas del padre del niño”.

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