Chaco es la segunda provincia en el país que tiene el privilegio de contar con la ley 3475 de Cupo Laboral para las Víctimas de Trata, la cual fue promovida por la diputada Elda Insaurralde y sancionada por la Cámara de Diputados de la provincia en el año 2021.

Esta ley da la posibilidad a Víctimas de Trata a recomponer en parte su vida, sin embargo cuando Carlos Prette se comunicó con la Secretaria de Derechos Humanos y Género, Sra. Silvana Pérez, a quien envió una nota que se titulaba “A pesar del caso Kilo Vallejos, Chaco con un presupuesto multimillonario para políticas de género, no invierte en Trata de Personas”, ella le habría respondido, de forma “despectiva” pero con mucho “respeto” diciendo “Lamento esta comunicación, Trata está en otra área y también tiene su presupuesto. Qué pena la desinformación de Infoqom” y a pesar de que se le invitó a que refute la nota del portal dijo “No me corresponde el tema, está bajo la esfera del ministro de Gobierno, específicamente a cargo de la Dra. Marcela Aquisgrana” expresó Carlos Prette

La Secretaría de Derechos Humanos es la autoridad de aplicación para la inclusión laboral de personas que han sido víctimas de este flagelo. A pesar de ello el portal Infoqom no pudo acceder al registro de cuántos han sido beneficiados por este derecho adquirido. “Para este año el presupuesto es de $15.000.000.000, dinero hay para llevar adelante las políticas en esta Secretaría en diferentes áreas” añadió

Carlos Prette intentó en reiteradas oportunidades conseguir información al respecto con la actual secretaria Silvana Pérez, sin respuesta alguna. Incluso, solicitó entrevistarla en dos oportunidades, sin recibir respuestas por lo que realizó una denuncia y se dirigió a Fiscalía para averiguar sobre la misma, donde le dijeron que probablemente la causa pase a archivo “De esta manera compruebo una vez más que el Procurador General de la provincia del Chaco, Dr. Jorge Canteros no se maneja como se debe, o que es directamente el arquitecto de la protección de la impunidad para delitos que se cometen en el Estado, de todo tipo” aseveró.

La ley 3475 de Cupo Laboral, aún no está reglamentada, no se puede aplicar, pero quien debería ocuparse de las víctimas y facilitar el acceso al trabajo es la Secretaría de Derechos Humanos, ya que según el artículo 5, es la autoridad de aplicación. La norma legal designa a ese estamento estatal para que permita la inclusión laboral de las personas que han sido víctimas de trata y explotación de personas en sus distintas modalidades.

¿Cuántas víctimas tienen trabajo con el beneficio de esta Ley?

“Nadie reconoce que no hay un programa para las víctimas de Trata de Personas, somos la segunda provincia del país que la tiene (a la Ley 3475)...pero, al no estar reglamentada por el Ejecutivo, no se la implementa. Las víctimas No tienen un soporte económico de carácter permanente, ni la inclusión laboral que permitiría, no solamente reincorporarla socialmente, sino dignificarlas con un reconocimiento laboral y no con una beca. Los programas nacionales como el Potenciar o Ayudar no están saliendo y programas específicos no existen”, destaca un agente judicial interiorizado en la temática.

Infoqom viene investigando acerca de este tema, en repetidas notas, porque la Trata de Personas trae aparejado un engranaje delictivo en el que intervienen diferentes actores para poder realizarla, ejemplo captadores, transportadores más conocidos en México como coyotes, explotadores o el vulgar término caficho o madama. En definitiva, se trata de un gran engranaje mafioso.

Y en nuestra provincia existe un caso emblemático es el de Kilo Vallejos donde la explotación sexual está muy vinculada al propio Estado Provincial, con funcionarios que formaron parte del gabinete de Jorge Capitanich y Domingo Peppo, uno de ellos hoy detenido en la U7 y otros investigados por usar estos "servicios" de explotación sexual que ofrecía el extinto personaje.

Estas víctimas no se pueden visibilizar, fueron RESCATADAS, sustraídas de su tormento y el anonimato, eso es fundamental.

El Estado debe brindar no solo un acompañamiento a las víctimas, debe tener sólidas políticas de inclusión en la sociedad de estas víctimas, que en muchos casos no han visto la luz del día por un largo período. Algo tan horrible, que por ello este tipo de delitos fue calificado de "imprescriptible".

Se crean centros de atención a víctimas de violencia de género, pero, ¿con qué fin? Solo contención momentánea. Quienes los administran, ¿realizaron algún proyecto con el Ministerio de la Producción y Empleo, para su reinserción social y laboral?

Sería bueno que una parte de los casi $15.000.000.000 (quince mil millones de pesos) que el Gobierno del Chaco ha destinado a "Políticas de Género" atienda las necesidades y demandas de las víctimas de Trata de Personas con Fines de Explotación Laboral o Sexual.

📻Seguinos de lunes a viernes de 9 a 13 hs por FM GUALAMBA 93.7 MHZ y a través de la página web www.fmgualamba.com.ar

(Compartí con nosotros tus comentarios, denuncias, fotos y videos al WhatsApp 3624100411/ 3624622442)

Seguinos y enterate de toda la actualidad en www.alertaurbana.com.ar