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JUDICIALES

13 de junio de 2022

Cristina Kirchner se enfrenta a un pedido de condena de entre 5 y 16 años de prisión

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Está siendo juzgada como jefa de una asociación ilícita y por fraude al Estado, por favorecer supuestamente con obras a Báez; comienzan los alegatos, el fiscal Diego Luciani hará su resumen final en agosto

La vicepresidenta Cristina Kirchner se enfrenta a la posibilidad de que le pidan una condena de entre 16 y 5 años de prisión en el caso Vialidad, de acuerdo con la escala penal de los delitos por los que se la juzga: jefa de asociación ilícita y fraude al Estado, en una causa que se encamina a su resolución final en las próximas semanas.En un mes empiezan los alegatos en el juicio de la causa. El fiscal Diego Luciani alegará probablemente en agosto. Consultado por LA NACION acerca de si iba a acusar y a pedir condena para la vicepresidenta, Luciani dijo que no adelantará nada hasta que le toque hacer su alocución en el juicio.

Por la dinámica que tiene el juicio, que ya lleva tres años, los interrogatorios de la fiscalía, los enfrentamientos con las defensas y el celo puesto en defender la evidencia que pretende dejar expuesta en el juicio, es de suponer que el alegato de Luciani terminará con un pedido de condena, aunque nadie lo confirma en los tribunales, ni extraoficialmente.

Sí es posible analizar la eventual pena que podrían solicitar para la vicepresidenta. Cristina Kirchner llegó a juicio acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de fraude al Estado. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques lo escribieron así: “La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández, exfuncionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, ysostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.“La integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los exprimeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y como organizadores al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel de Vido, al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, al exadministrador General de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti, al amigo personal y socio comercial de los expresidentes Lázaro Antonio Báez, entre otras personas”.La escala de las penas

De mantenerse esta calificación en el alegato, y nada hace pensar lo contrario, el Código Penal castiga al jefe de una asociación ilícita con penas que llegan a los 10 años de prisión y al fraude en perjuicio de la administración pública con hasta 6 años. Como los delitos son en concurso real se suman los máximos de la escala penal y por eso la pena posible a pedir da entre los cinco años de mínima y los 16 años de máxima.

Esto se aplica a los jefes u organizadores de la asociación ilícita, que son De Vido, López y Carlos Kirchner. En el caso del resto de los acusados la mínima de la escala penal a aplicar es de tres años.

Los que quedan fuera de la asociación ilícita, que son el resto de los 13 imputados, se exponen a un pedido de pena de dos a seis años de cárcel, que es la escala penal para el delito de administración fraudulenta. Ellos son: Abel Claudio Fatala, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

Claro que en el caso de acusados que ya fueron condenados en otras causas, como Lázaro Báez y José López, de ser condenados en esta causa se deben unificar las penas anteriores con las que eventualmente reciban ahora.

La fiscalía, a la hora de pedir la pena, además de la escala penal, evalúa las condiciones personales de los acusados, su falta de antecedentes o no, su posición de poder dentro de la organización. Rara vez un imputado primerizo, sin problemas con la ley, recibe un pedido de pena máxima, ya que hay atenuantes en la conducta que llevan a establecer ese monto disminuido.

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