Una sensación real de asedio aqueja a Alberto Fernández, encerrado en su menguante círculo de confianza. “La Casa Rosada es Ucrania y el Congreso, Rusia”, graficó en estos días un ministro de los que asiste incrédulo al bombardeo discursivo que ejecutan con disciplina marcial los laderos más leales de Cristina Kirchner. Los albertistas suponen a la vicepresidenta digitando la ofensiva desde su búnker del Senado. A Martín Guzmán lo apodan, con sorna, “Kiev”: el objetivo que, de caer, definiría la suerte de la guerra.

La alegoría está algo floja de papeles. Sin ir más lejos, a la “Ucrania” de la Rosada le falta un líder en movimiento. El agobio hermana a ministros, gobernadores y dirigentes del oficialismo no kirchnerista que esperan una reacción de Fernández. Un golpe de efecto, al menos, que lo muestre plantado ante la crisis económica y empoderado ante la facción interna que se pasó a la oposición sin abandonar sus lugares en el Gobierno. En otras palabras, que se ponga la camiseta verde olivo y salga al campo de batalla.

La resistencia de Fernández consiste por ahora en sostener a Guzmán, a quien esta semana le encomendó encabezar reuniones con empresarios y gremios. Y después lo mandó a Brasil a ser la cara de las gestiones que lideró Daniel Scioli para garantizar un mayor suministro de gas en el invierno.

A diario al Presidente le susurran al oído que debe oxigenar el gabinete. La idea está en análisis y podría empezar a cobrar forma después del nacimiento del segundo hijo de Fernández, que es inminente. Las señales que llegan desde la cima del Gobierno es que Guzmán no estaría en la lista de salida. “Entregarlo sería el fin”, magnifica un funcionario con despacho en la Casa Rosada.

No solo hay en juego una cuestión de poder, ante la desembozada agresión de Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Oscar Parrilli y hasta el secretario de Comercio Interior, Robeto Feletti, contra el ministro de Economía. En medio de la escalada de la inflación, cerca del Presidente creen que mover a Guzmán puede desatar un descalabro incontrolable. ¿Cómo leerían los actores económicos que se cediera a la presión kirchnerista por una política de mayor gasto e intervención estatal? ¿Qué pasaría con la paz cambiaria, acaso la consecuencia más promisoria del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)?

Desde la trinchera de Cristina insisten en público: lo imperdonable es que la gestión económica no tenga una conducción política y que no haya vocación de dar pelea contra “los poderosos”. Parrilli reprodujo una ironía habitual de Cristina cuando acusó a Fernández/Guzmán de querer solucionar los problemas económicos con los consejos de Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial y actor habitual del acuerdo de precios y salarios que persigue infructuosamente el Gobierno. Ella fue aún más irónica en una reunión con sindicalistas afines: “Parece que la terapia de grupo no estaría funcionando”.

El daño de la inflación en los sectores más desfavorecidos de la sociedad empieza a ser devastador. Cristina y su hijo insisten en que se requiere coraje para “afectar intereses” y fijar prioridades, que no pueden ser dictadas desde el exterior. Una reedición del “¡hagan algo!” que militantes kirchneristas le gritaban a Mauricio Macri y los suyos en 2018/2019.

La vicepresidenta ya había sido brutal cuando explicó el regalo envenenado que le mandó a Fernández por su cumpleaños, el libro de Juan Carlos Torre sobre la turbulenta experiencia del equipo económico de Raúl Alfonsín (gran síntesis de su relación: se lo mandó sin dedicatoria y sin siquiera acompañarlo de un saludo por chat). Ella elogió a Estados Unidos por defender sus intereses con la influencia que ejerce en el FMI y criticó a los ingenuos que creen en la bondad de la ayuda externa. Habló de “ir al almacén con la receta del almacenero” y dejó flotando deliberadamente la idea de su pronóstico sobre el gobierno de Fernández es que terminará en llamas, como el de Alfonsín.

Kicillof y la dimensión bonaerense

El discurso del 2 de abril –desprovisto de empatía con los caídos en Malvinas a los que en teoría quería homenajear- fue el disparo de largada para la ofensiva final contra “Kiev”

La novedad más rutilante de la semana fue el protagonismo que adquirió Kicillof, que pasó al frente cuando dijo que “la situación social no da para más en la provincia”.

El protagonismo opositor del gobernador bonaerense enardeció a los fieles de Fernández. “Tiene 100.000 palos guardados de transferencias discrecionales y se queja de que hay hambre en la provincia. ¡Que ejecute!”, replicó una fuente de diálogo diario con el Presidente.

Quizá las palabras de Kicillof sirvan para encontrar respuesta a otra pregunta que salta en todas las mesas de poder: ¿qué buscan los kirchneristas con su bombardeo inclemente a un gobierno que integran? ¿Para qué querrían tomar el control de una economía endiablada y condicionada por lo pactado con el FMI, contra su voluntad?

La principal sospecha es que responde a la necesidad de cuidar el bastión de Buenos Aires, donde Cristina y Máximo Kirchner planean refugiarse si se hace realidad su vaticinio de que las presidenciales de 2023 son inganables para el Frente de Todos. Guzmán tiene el arma que podría arruinar los planes: maneja el flujo de las transferencias discrecionales a las provincias, sujetas al plan de recortes acordado con el FMI. Ese dinero es el oxígeno que necesitan Kicillof y el kirchnerismo para subsistir el próximo año y medio.

“No quieren manejar la macro. Buscan garantías de que el ajuste se va a hacer sin descuidar las necesidades de la política”, traduce un peronista que navega entre los dos bandos en conflicto.

En 2021 Kicillof recibió por esa tubería (por fuera de los envíos automáticos de la coparticipación de impuestos) 239.000 millones de pesos, más de un tercio del total girado a las provincias. Un estudio de la Fundación Mediterránea muestra que en el primer trimestre de 2022 las transferencias discrecionales a Buenos Aires subieron un 43% real respecto del mismo período del año pasado, en un contexto de recorte general del 5,8%, en línea con lo pactado con el FMI. Es decir, el ajuste lo está pagando el resto de las provincias. ¿Qué pasaría si la lógica cambia? Tal vez ahí la cosa “se va a poner fea” para Kicillof, como dice el comentarista económico Feletti.

El movimiento de Kicillof se enmarca en la sorda disputa que mantiene con su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, por la candidatura a la gobernación en 2023. La interna dentro de la interna. Los dos pelean por el dedazo de Cristina, aunque asuman que tal vez deban medirse en primarias.

Insaurralde saca pecho del manejo territorial que él puede exhibir, en contraposición a un gobernador que le dio la espalda a la política desde el día 1. El caudillo de Lomas impulsa el desdoblamiento de las elecciones en la provincia como estrategia central para rescatar al Frente de Todos. Dicen fuentes de su confianza: “En 2019 Macri cometió dos errores que no podemos repetir: no adelantó las elecciones en la provincia, que Vidal sola podía ganar, y fue él como candidato a la reelección presidencial”.

El mensaje es un recado corrosivo para Fernández, a quien el kirchnerismo le exige abandonar los sueños de reelección. Pero también para Kicillof, que se resiste a mover la fecha de las elecciones y ansía ser reelegido con el impulso de una boleta de Cristina Kirchner a senadora u otro cargo nacional.

Los impulsores del desdoblamiento razonan que ganar la provincia en abril pondría en situación competitiva al Frente de Todos para la presidencial de octubre, con un candidato distinto a Fernández. Los detractores señalan que al votar separado de las presidenciales se perderían el “efecto Javier Milei”: que un candidato provincial atado al referente liberal le arañe 10 o 15 puntos a Juntos por el Cambio en unas elecciones sin ballottage, que se ganan por un voto de diferencia. Y añaden el factor Cristina: si ella se plantea ser candidata a un cargo nacional, ¿se expondrá a competir meses después de que el aparato peronista bonaerense se haya jugado todos sus porotos?

Las especulaciones adelantan un año, mientras la inflación carcome los ingresos y la ebullición callejera plantea un desafío enorme al Gobierno. Máximo Kirchner jugó con fuego cuando salió a justificar los acampes en la 9 de Julio. El hijo de Cristina se puso el traje de líder del PJ bonaerense a tiempo completo. Ya no siente el peso de cumplir su trabajo de diputado, después de renunciar a la presidencia del bloque oficialista. Se sacó fotos con Kicillof, con su aliado Insaurralde, con intendentes y con el nuevo jefe de la OUM, Abel Furlán, entre cuyos allegados causó suspicacia la aparición del jefe de La Cámpora en un acto del gremio en Merlo: “Se coló en la foto para hacer creer que lo maneja a Abel”.

Los dilemas de Alberto

Fernández pide calma a los suyos. A muchos los recibe. A otros los despacha a través de Santiago Cafiero, que sigue actuando como su verdadero jefe de Gabinete.

Son cada vez más los ministros que se inclinan por formalizar la ruptura con Cristina Kirchner y sacar a los funcionarios que le responden, ubicados en áreas estratégicas de Energía, empresas públicas, organismos sociales (PAMI, Anses). “Máximo se da el lujo de decir que nos hagamos cargo de la gestión. ¿Y toda la gente que él tiene adentro del Gobierno no tiene ninguna responsabilidad?”, se indigna un funcionario albertista.

Hay quienes explican que Fernández quiere recomponer volumen político antes de dar semejante paso y sugieren seguir los pasos de Agustín Rossi, en su articulación de peronistas azorados con la violencia kirchnerista.

Retrata la soledad actual del Presidente su vocación por difundir fotos con Sergio Massa, actor clave del drama del Frente de Todos. El jefe de la Cámara de Diputados bascula entre los dos bandos sin mediar, pero en ese ida y vuelta dibuja un puente que sostiene la ficción de integridad de una coalición estallada. Ha logrado el mérito de ser el único dirigente capaz de posar en la misma semana e igual de sonriente con Alberto y con Cristina.

Quienes lo escuchan reflejan que no puede entender la inacción del Presidente ni mucho menos el “irracional optimismo” de su entorno más chico. Pero tampoco avala la ofensiva sin alternativas que oponen la vice y La Cámpora. Ahuyenta por si acaso a los que le vienen con los rumores de que será superministro y a los que aventuran que Cristina lo quiere en el lugar de Alberto.

La vicepresidenta insiste en que ella no va a “desestabilizar a un gobierno tambaleante” con una retirada de su gente. Presiona fuerte para que el Presidente haga los ajustes políticos necesarios y detenga el daño que la inflación provoca en los ingresos de la enorme mayoría de la población. “Lo viene diciendo desde 2020. No la escucharon a tiempo”, la defiende un diputado ultrakirchnerista. Por eso no puede tolerar un segundo más a Guzmán, a quien además lo acusa de haberle mentido durante las tratativas con el FMI. “Es insólito. Fui más veces a Juncal y Uruguay a explicar lo que negociábamos que a la Casa Rosada”, le escucharon decir al ministro en su viaje a Brasil.

¿Hay un armisticio posible o la velocidad de la crisis lleva desordenadamente a la ruptura definitiva? Lo que exige Cristina es casi una rendición: garantías de que la política económica va a priorizar las necesidades electorales del Frente (o de ella misma) y que el Presidente desistirá de presentarse en 2023. ¿Resistirá “Ucrania”? ¿O finalmente, aunque fuera metafóricamente, Fernández cumplirá su palabra de abrirle la puerta de entrada a “Rusia”?

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