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INTERNACIONALES

6 de octubre de 2021

El ex presidente de Perú Manuel Merino fue denunciado por homicidio

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El Ministerio Público detalló en su documento de denuncia que el derecho constitucional a manifestarse está amparado por las leyes peruanas, y en caso de que exceda los límites, el uso de la fuerza policial debe realizarse de manera estrictamente necesaria y proporcional, pues puede "representar una importante fuente de violaciones a estos mismos derechos y derivar en consecuencias irreversibles".

La Fiscalía de la Nación de Perú presentó una denuncia constitucional contra el ex mandatario Manuel Merino y los ex ministros Antero Flores-Aráoz (titular del Consejo de Ministros) y Gastón Rodríguez (del Interior) por la muerte de dos manifestantes.

La fiscal Zoraida Ávalos acusó a los altos funcionarios como presuntos autores, por omisión impropia, de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual por las muertes de los manifestantes Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez. Ávalos sustentó su denuncia en la violenta y desproporcionada represión policial, con empleo de perdigones, gases lacrimógenos y otros, contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta, lo cual constituyó una flagrante violación a los derechos humanos.

Además, según sostuvo la trabajadora judicial, los imputados en su condición de altos funcionarios del Ejecutivo "tenían el deber de protección y actuación especial frente al bien jurídico vida e integridad física, en el contexto de las protestas sociales continuas que se desarrollaban desde el 9 de noviembre del 2020".

Precisamente, ante la capacidad para evitar tales desenlaces de las protestas y no hacerlo, al tiempo que debido a que el hecho de contar con información oficial de que las protestas se intensificarían, sus actos son constitutivos del dolo eventual en las muertes y lesiones producidas.

El Ministerio Público detalló en su documento de denuncia que el derecho constitucional a manifestarse está amparado por las leyes peruanas, y en caso de que exceda los límites, el uso de la fuerza policial debe realizarse de manera estrictamente necesaria y proporcional, pues puede "representar una importante fuente de violaciones a estos mismos derechos y derivar en consecuencias irreversibles".

El pasado 14 de septiembre, organizaciones sociales y familiares de los fallecidos exigieron Justicia para Inti y Bryan, a tenor de que los ex funcionarios ahora imputados, figuraban anteriormente como testigos en las pesquisas de la Fiscalía.

Pacha Sotelo, hermano de Inti destacó respecto a la denuncia que "es un paso importante, siempre han existido pruebas de que los responsables no solamente eran los policías". "Pero al ser una denuncia constitucional, nos preocupa la decisión que pueda tomar el Parlamento, los congresistas", concluyó Sotelo.

 

 

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