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POLITICA

17 de febrero de 2021

Ofensiva sobre la Justicia: el kirchnerismo mete presión, el Congreso sigue trabado y la tensión vuelve a Olivos

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Los intentos para desarmar las causas por corrupción generan un círculo vicioso. El Gobierno fue especialmente duro en su última carga. Pero siguen trabadas la reforma judicial y el cambio de reglas para el jefe de los fiscales. Y en ese contexto, recrudecen las demandas de una salida sin demoras

El oficialismo da vueltas otra vez sobre la forma de convertir en hechos lo que el Presidente definió ahora como “imperioso”: un giro sustancial en el terreno judicial para desarmar las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios. No lo resuelve la difusión de un gráfico de una encuesta para descalificar la Justicia ni una andanada de adjetivos contra jueces, fiscales y la propia Corte Suprema. Es una presión enorme, de alto riesgo institucional, pero no alcanza. Tampoco, el par de proyectos que pasaron por el Senado y siguen frenados en Diputados, que acaba de recibir por eso duros reproches kirchneristas. Eso no hace más que ahondar el problema. Y Olivos debe resolver entonces de qué le sirve meter presión pública, con sus costos, cuando ese recurso ni siquiera convence al kirchnerismo duro.

Oscar Parrilli puso ayer en palabras el malestar de ese sector por lo que consideran inacción del propio oficialismo para darle un corte a la situación que presentan como fruto del lawfare. Ese malestar había crecido con la resolución de la Corte Suprema que dejó firme una de las condenas que enfrenta Milagro Sala. Se sumó el propio disgusto presidencial, expresado en declaraciones muy duras vía Twitter. Y el senador que sólo reporta a CFK le agregó combustible por la falta de resultados –¿de voluntad política, también?- en Diputados para avanzar con la reforma del fuero federal y con el cambio a las reglas para elegir al jefe de los fiscales.

La declaración de Parrilli cayó mal porque apuntó además contra algunos “aliados”, imprescindibles para el oficialismo que no cuenta en Diputados con mayoría propia. Dijo que por momentos actúan como “cómplices del macrismo”. Se entiende que la referencia apuntó especialmente al Interbloque Federal, que no vota automáticamente con el Frente de Todos y que ya expresó de manera formal o reservada su rechazo a los proyectos referidos. Allí juegan legisladores del PJ de Córdoba, allegados a Roberto Lavagna y un par de santafesinos de origen no peronista.


Resulta claro que no le hizo un gran favor a Sergio Massa, que tiene en su agenda varios temas complicados, como las PASO, y busca dar señales de distensión en la línea de tratar proyectos con consenso: el cambio en Ganancias es el capítulo por escribir. Fuentes legislativas afirman que los proyectos judiciales no han sido insinuados en ningún contacto.

Ese cuadro no es sólo una señal de tensión por los dos proyectos en cuestión. La reforma con eje en el fuero federal fue muy reescrita en el Senado, con reparto de juego a los gobernadores en materia judicial. Y la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal lleva el sello de CFK. Los dos textos están hace rato en Diputados. Es un mensaje en sí mismo y un aviso frente a otras especulaciones sobre la misma materia.

El aviso sería claro. Nadie quiere escuchar siquiera algo sobre la alternativa de una ley de amnistía. Massa la descartó. No asoma sencillo tampoco el panorama para la creación de un tribunal que atienda cuestiones de arbitrariedades procesales, con inspiración en la “Comisión Beraldi” y que buscaría restarle atribuciones y espacio a la Corte. Esa idea circula en Olivos, por ahora sin horizonte claro aunque con acciones en ascenso.

Por lo pronto, la simple descalificación de la Justicia -salvo que se espera una reacción social a favor de los planes oficialistas, según acaba de advertir Eugenio Zaffaroni- sólo agregaría sombras sobre el juego de poder. Alberto Fernández se refirió a “unos pocos jueces y fiscales” que desacreditarían el sistema judicial. Y desde el Ministerio de Justicia se hicieron acusaciones sobre graves comportamientos, delitos. De ser así, el Gobierno debería poner en marcha los mecanismos institucionales para enfrentar la cuestión.

La propaganda oficial sobre el tema fue más genérica. A través de una serie de tuits, avalados por el Presidente, fue difundido un gráfico de una encuesta encargada por el Gobierno a un grupo de consultoras. Allí se anota que la desconfianza en la Justicia trepa entre los encuestados hasta casi el 88 por ciento. Por supuesto, no se incluyen valoraciones sobre otros poderes, instituciones, sectores y referentes sociales.

Es sabido que en tiempos de crisis y de deterioro económico social trepan las calificaciones negativas en todos los rubros señalados. No existe en estos días encuesta que no indique cuestionamientos fuertes sobre la imagen del Gobierno. Y la valoración de las instituciones ni siquiera tuvo los picos positivos que sí registraba el Presidente en la mayoría de los sondeos durante la primera etapa de la cuarentena. Vale un ejemplo: un trabajo de Management & Fit realizado a fines de abril pasado indicaba que el Gobierno anotaba 55,8% entre poca y nada de confianza, los jueces 56,% y los legisladores 64%.

Pero restan al menos dos cuestiones centrales a tener en cuenta. En primer lugar, diversas consultoras -entre ellas Synopsis, D´Alessio-Berensztein y M&F- vienen señalando que la mayor preocupación registrada en sus sondeos es economía (incluyendo inflación, desempleo, pobreza), seguida por la corrupción y de manera creciente desde mayo, la inseguridad. Son temas persistentes. La pandemia anota subas y bajas.

El segundo tema se puede formular como interrogante. ¿Por qué la Justicia genera altos niveles de cuestionamiento? Algunos sondeos incluyen un alto rechazo a la impunidad, entendida en sentido amplio. Desde los grandes casos de corrupción que se dilatan eternamente sin resultado a la vista, hasta la difundida imagen de la puerta giratoria para muchos delitos. El dato es seguramente parte central de la respuesta.

La encuesta recortada en el mencionado tuit del Gobierno no hace referencia alguna a tales interrogantes. Al menos, es lo que fue difundido.

Pero la cuestión no se agota allí. Al contrario, muestra al Presidente en conflicto con otro poder y pone el foco en la propia reacción del Gobierno frente a lo que denuncia. Por las razones expuestas, ninguno de los proyectos encarados termina de ajustarse a la condición “imperiosa” adjudicada al tema. La presión sobre la Corte, grave y persistente, parece recorrer el mismo círculo vicioso. Cada embate, vuelve a colocar la tensión en Olivos y en la interna oficialista. Acaba de ocurrir. Parrilli y Zaffaroni, que volvió a hablar de amnistía, apenas lo expresan en público.

Fuente: infobae

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