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JUDICIALES

13 de noviembre de 2018

La imagen social que tenemos no coincide con nuestra realidad

Así lo expresó el Secretario de la Fiscalía Penal en lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial de la Provincia del Chaco abogado Cristian Caminos entrevistado en Alerta Urbana por Radio Argentina 89.3 donde además dio detalles de los reclamos administrativos que se iniciaron ante el Superior Tribunal de Justicia y que ya superan los 300.

El funcionario resaltó que el reclamo principal es por una recomposición salarial teniendo en cuenta la depreciación del salario de los empleados judiciales frente a la inflación acumulada en los últimos años.

Teniendo en cuenta las cifras oficiales del Banco Central de la República Argentina entre enero de 2008 y diciembre de 2018 la inflación acumulada llegaría a ser superior al 1.496 %.

Con estas cifras la pérdida de salario real rondaría entre el 40% y el 50% en algunos casos, lo que los coloca a los judiciales en una situación de confiscatoriedad  en relación a la situación salarial de años anteriores.  

Cabe destacar, que además del reclamo por recomposición salarial existen otros como ser el pago de riesgo visual, ya implementado en otras reparticiones públicas de la provincia y también que transformen en bonificables algunos conceptos que hoy no lo son.

El mito instalado que el empleado judicial es uno de los mejores pagos, lamentablemente no fue desmentido a tiempo, manifestó Caminos quien además indicó que muchos ya están por debajo de la línea de la pobreza, en muchas dependencias se trababa mañana y tarde y sin olvidar que no todos los edificios están en las mejores condiciones laborales.

Para ejemplificar, el funcionario explicó que en una de las dependencias de la Cámara de Apelaciones, el sector de Mesa de Entradas tiene un hongo de humedad de unos 3 metros cuadrados de superficie en una de sus paredes, en otros lugares se encontraron alacranes, cucarachas y hasta se trabaja con monitores de la década del 80.

En cuanto al reclamo de la bonificación por riesgo visual, Caminos recordó que la Ley, reconocida hasta por una dictadura, está próxima a cumplir 41 años y los empleados judiciales siguen excluidos, concluyó.

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