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10 de octubre de 2020

Insisten ante España por una causa contra Cristina Kirchner por espionaje ilegal

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El juez Martínez de Giorgi pidió a Cancillería que solicite información sobre declaraciones de ex directivos de Repsol que habrían sido escuchados y grabados.

Sin respuesta aún desde Madrid, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi pidió esta semana a la Cancillería que pida información a la justicia española sobre un conjunto de declaraciones testimoniales que había solicitado, en una causa donde Cristina Kirchner está imputada por presunto encubrimiento de espionaje ilegal. El año pasado, el juez había cursado unos cuestionarios a autoridades de Repsol cuyas reuniones de directorio estaban desgrabadas y guardadas en la residencia de la vicepresidenta en El Calafate. Ese material fue secuestrado junto a otras carpetas con datos supuestamente recogidos a través de inteligencia ilegal, que dieron origen a este expediente.

Todo inició después de un allanamiento ordenado por el fallecido juez Claudio Bonadio en el marco de la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas. Allí, en la residencia de Cristina Kirchner ubicada en El Calafate, los efectivos federales encontraron las desgrabaciones de una reunión de directivos de Repsol, y otros documentos que revelarían un presunto espionaje ilegal. Por el tipo de material hallado, consideró que merecían iniciar una investigación aparte, que la instruye el juez Martínez de Giorgi.

El magistrado busca dilucidar si existió "actividad ilegal durante el gobierno de la ex Presidenta vinculada a la utilización de distintas oficinas del Estado para investigar a personas determinadas".

¿Qué había en las carpetas encontradas en El Calafate? Sobresalían informes sobre grupos empresariales: una transcripción de escuchas telefónicas de la minera Barrick Gold -la más importante en la explotación de oro en el país- e informes sobre el escándalo de las coimas vinculadas a Petrobras, firma en la que buscó hacer pie Cristóbal López.

También fue hallada la transcripción de una teleconferencia de Repsol realizada a las 7.44 del 14 de abril de 2012. De esa reunión participaron 15 personas, entre ellos Antonio Brufau, entonces presidente de la compañía. Martínez De Giorgi pidió entonces que se tomen declaraciones testimoniales a quienes intervinieron en aquella reunión.

La reunión duró aproximadamente una hora y media. Fue encabezada por Brufau, y participaron además la moderadora de la conferencia, el Director Económico y financiero, el analista de Holding, analistas de diversas bancas financieras españolas e internacionales. La transcripción íntegra de aquella teleconferencia estaba en El Calafate, en una carpeta cuya carátula decía "Repsol". Martínez De Giorgi quiere saber el origen de la desgrabación y la finalidad de la misma.

La Justicia española había comenzado a tomar esas declaraciones en febrero. En primer término, se comenzó a citar a los quince participantes de la reunión. A todos se les consulta si reconocen haber celebrado la misma. Después, el juez Martínez De Giorgi quiere saber "si se utilizó algún número de abonado telefónico", y de ser así que el mismo sea especificado.

Por ejemplo, el magistrado busca establecer si Brufau tenía conocimiento -en ese momento o después- respecto a la posibilidad de que la conversación haya podido ser "intervenida o si estaba siendo grabada". Vinculado a esto, se pidió que se consulte si Repsol en 2012 "grababa las conversaciones" de sus directivos.

Con la transcripción en mano del documento secuestrado de la casa de la vicepresidenta, la Justicia española también pidió que se aporte todo tipo de información "de utilidad para establecer el origen y las circunstancias de la transcripción exhibida ".

Sin novedades, este 5 de octubre el magistrado envió una notificación a la Cancillería: "En atención al tiempo transcurrido y sin perjuicio e lo informado por la Coordinación de Cooperación Internacional en Materia Penal de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Culto de la Nación, solicítese a su Titular lleve a conocimiento del tribunal si ha recibido contestación a las consultas pertinentes respecto a la rogatoria internacional librada por estos estrados al Reino de España el 8 de abril de 2019", sostiene el documento al que accedió Clarín. 

Antes del envío del exhorto a España, dos declaraciones confirmaron la existencia de otras conversaciones cuyas desgrabaciones se encontraban en la residencia de Cristina Kirchner, aunque los testigos aseguraron ante el magistrado que aquellas charlas "nunca fueron grabadas".

Por ejemplo, un alto directivo de General Motors declaró por una desgrabación que había entre los papeles. Este representante de la compañía admitió la existencia de una conferencia con otros referentes, pero señaló que "nunca había sido grabada".

Respuesta similar obtuvo el juez cuando citó a declaración testimonial a Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia del gobierno de Eduardo Duhalde, ya que había una desgrabación que lo implicaba. Admitió la existencia de esa conversación, pero señaló que nunca había sido grabada.

Asimismo, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -investigada ahora en cuatro expedientes-, remitió al juzgado un informe donde se explicó que los documentos bajo investigación "no responden a ningún informe oficial del área de inteligencia".

El juzgado también tomó testimonio al personal que participó del operativo judicial en la casa de Cristina Kirchner, para descartar que se hayan "plantado pruebas falsas", y se dio por corroborado que "los documentos se encontraban con anterioridad al operativo en la residencia".

Fuente: Clarín
 

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