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JUDICIALES

3 de agosto de 2020

El caso testigo que impulsa cambios profundos en los procesos judiciales

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El abogado querellante Paulo Pereyra, que representa a las denunciantes en la causa Alvarado-Duet (recaratulada) elevada a juicio oral y público, resalta la lucha por los derechos de las víctimas y los procesos dentro del Poder Judicial que se reformularon para lograr una mejor escucha y participación de las damnificadas por un delito aberrante.

El jueves pasado, el fiscal coordinador Sergio Cáceres Olivera elevó a la Cámara en lo Criminal 3 de Resistencia los expedientes de la causa que denuncia por abuso sexual en la infancia a Noemí Alvarado y a su pareja Daniel Pacce, exdiputado nacional fallecido en el año 2018. En juicio oral y público, con audiencias para las cuales se deberá fijar fecha, se juzgarán los hechos ocurridos en la década del ’80, que fueron denunciados años después, algo que fue posible dados los efectos de la ley que canceló la prescripción del delito.

El abogado querellante Paulo Pereyra destacó "la lucha por los derechos de las víctimas que encararon Belén y Rosalía". De hecho, ambas son quienes conformaron la organización "Al fin Justicia", que fue concebida para aportar un soporte a las víctimas de abuso sexual en la infancia, acompañándolas en el camino de la denuncia en la Justicia.

"A partir de la lucha de ellas y del colectivo que construyeron, se logró no sólo algo que impacta en su caso, sino que también lo hará con los de muchas otras víctimas. Esto quedó dicho por el Superior Tribunal de Justicia en un fallo relevante, que es conocido como el Fallo Núñez del año pasado, donde quedó claro que la ley debe ser a favor de las víctimas de violencia sexual en la infancia", expuso en declaraciones a Radio Provincia.

"Pasó mucho tiempo para ellas, pero también hubo procesos históricos dentro del Poder Judicial para lograr la escucha a la víctima, el trato, cómo entender un proceso penal con plena participación de las damnificadas por este delito, que no es cualquier delito", ponderó.

 

Leading case judicial

(Foto: Proyecto Bohemia)

 

 

"Es un caso emblemático, un leading case, porque estamos hablando de hechos de abuso sexual en la infancia que ocurrieron desde 1979 a 1985, los más antiguos del país que hemos relevado nosotros en busca de jurisprudencia", indicó el letrado; y aclaró que son los más antiguos que fueron investigados y que llegaron a juicio. "Muchos casos tuvieron resoluciones judiciales heterogéneas a lo largo y ancho del país", acotó.

Pereyra destacó que, en este caso, la diferencia con otros es que fue el primero donde hubo una investigación exhaustiva con escucha activa a las víctimas y que finalmente fue remitido a la Cámara Criminal 3 de Resistencia a la espera de un juicio oral y público.

 

Un delito que no prescribe

 

El abogado recordó que en 2015 fue sancionada la ley nacional Nº 27.206 de “Respeto a los tiempos de las víctimas”, que canceló la prescripción del delito de abuso sexual en la infancia e hizo posible que víctimas que, por diferentes motivos no pudieron o no quisieron llevar su denuncia a la Justicia, lo hagan en algún momento.

"En el Chaco, en abril de 2016 cuando Rosalía Alvarado y Belén Duet deciden denunciar, la Justicia entendió que las causas estaban prescriptas, que los hechos, por el paso del tiempo, no deberían ser siquiera investigados", repasó.

Tras un derrotero judicial de recursos y audiencias, la querella logró "el desarchivo" de la causa. "En el camino murió una de las personas imputadas, el ex diputado Daniel Pacce", recordó.

"Luego tomó la causa el fiscal coordinador Sergio Cáceres Olivera, y se lograron todas las medidas de prueba que las víctimas pedían hace tiempo. Finalmente requirió la causa a juicio, y arrancó otro derrotero con diferentes recursos que interpuso la defensa", expuso Pereyra. Todo concluyó el pasado jueves cuando la causa, recaratulada como “Alvarado, Noemí Lucía S/corrupción de menores en calidad de autora”, fue elevada a juicio oral y público.

 

Lo que falta

 

Más allá de los avances logrados, Pereyra consideró que uno de los pasos institucionales importantes en la gestión del sistema de Justicia debe ser la creación de defensorías de las víctimas. "Uno de los grandes problemas que hay es que son pocos los órganos especializados en la atención y recepción de víctimas, más allá de existir una Secretaría de Derechos Humanos y Géneros", marcó.

Así, el abogado resaltó que ese tipo de órganos especializados e institucionalizados deben tener "un perfil" ya que son delitos que requieren espacios de escucha muy especiales. "Hay muchas víctimas que además de haber sido víctimas de abusos en la infancia, están en contextos de vulnerabilidad extrema. Entonces, cuando toman esa decisión fundacional en su vida de denunciar, se encuentra con que no está contenida en ese momento", sostuvo, y pidió replicar los avances logrados por esta causa testigo en todos los rincones de la provincia y del país en cuanto al proceso y a la contención de las víctimas. 

 

El caso

 

Los hechos denunciados sucedieron en la década del ‘80, cuando Rosalía Alvarado y Belén Duet tenían 6 y 3 años. La denuncia formal fue realizada el 15 de junio de 2016, luego de la reforma de la ley nacional que canceló la prescripción del delito de abuso sexual en la infancia. Están acusados el ex diputado nacional Daniel Pacce (quien falleció hace dos años) y a su esposa Noemí Alvarado de Pacce.

Una publicación reciente del portal Chaco día por Día recuerda que la investigación recayó en la Fiscalía N° 9, a cargo de la fiscala Daniela Meiriño, quién archivó las causas por considerarlas prescriptas, porque los supuestos hechos sucedieron antes de la entrada en vigencia de la mencionada norma. Sin embargo, tras ser apelada, el juez de Garantías Nº 2 de Resistencia, Horacio Sandoval, hizo lugar al desarchivo y la instrucción de la causa quedó en manos del fiscal coordinador del Equipo “C”, Sergio Cáceres Olivera.

Con la muerte del principal imputado (Daniel Pacce) de por medio, a mediados de 2018, el representante del Ministerio Público Fiscal avanzó con la investigación hasta concretar la elevación de la causa a juicio oral en octubre de 2019, tras ser confirmado al frente de la investigación ante el rechazo a una recusación de la defensa de la acusada.

 

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