𝑮𝒖𝒔𝒕𝒂𝒗𝒐 𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒍𝒍𝒐, dialogó al aire por Radio Argentina 89.3, con el periodista y responsable de Infoqom, 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒆, quien manifestó que irá a la justicia a responder la denuncia de la Ministra de Salud Pública 𝑫𝒓𝒂. 𝑷𝒂𝒐𝒍𝒂 𝑩𝒆𝒏í𝒕𝒆𝒛

El periodista 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒕𝒕𝒆, fue denunciado por Ministra de Salud Pública de la Provincia del Chaco, 𝑫𝒓𝒂. 𝑷𝒂𝒐𝒍𝒂 𝑩𝒆𝒏í𝒕𝒆𝒛, a lo que manifestó que esta aún no está definida, debido a que ayer por la tarde le notificaron desde la División de Cibercrimen la imputación que recae en él y la justicia debe determinar si la denuncia es viable o no la aplicación del artículo 211 del código penal conocida como “intimidación pública”

El periodista fue denunciado por la Ministra de Salud Pública 𝑫𝒓𝒂. 𝑷𝒂𝒐𝒍𝒂 𝑩𝒆𝒏í𝒕𝒆𝒛, junto con la 𝑫𝒓𝒂. 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒕í𝒏𝒆𝒛, luego de que el portal Infoqom publicase una nota donde revelaron que la coordinadora de la lucha contra el Covid-19, 𝑫𝒓𝒂. 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒕í𝒏𝒆𝒛 quien es pediatra y no tendría estudios, capacitaciones ni antecedentes curriculares como epidemióloga “nosotros investigamos y no encontramos nada más que el título de pediatra, jamás estudió epidemiología y la pusieron en el área más cuestionada en el Ministerio de Salud, la lucha contra el Covid-19”.

Por otro lado explicó que publicaron, según lo aseguraban médicos que están en el área de salud pública, cuestiones que viene sucediendo “como que ella no consulta con nadie y toma decisiones, no recibe opiniones ni hace caso a la gente que ya conoce la materia”  

Además, el periodista explicó que creía que les molestó mucho la versión y le habrían pedido que revele las fuentes “no voy a revelar las fuentes porque los médicos tienen miedo de que los persigan”. También aseguró que esta situación se resolvía fácil, “me pedían derecho a réplica y refutaban punto por punto lo que escribí”.

Por otra parte, aseguró que lo llamaron para resolver el problema ofreciéndose a mediar “para que esto quede en la nada y les dije no, llévenme a la justicia”.

ARTICULO 211. - Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.

Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años.