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14 de noviembre de 2022

Ecuador: más de 2.000 detenidos este mes luego de los atentados en Guayaquil y Esmeraldas

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La Policía Nacional ha ejecutado más de 40.000 operativos que permitieron desarticular a 28 bandas criminales en el marco del estado de excepción

La Policía Nacional del Ecuador ha detenido a 2.177 personas desde el 1 de noviembre de este año, cuando el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción para las provincias de GuayasEsmeraldas y Santo Domingo luego de la serie de atentados con coches bomba y ataques a unidades de policía comunitaria que dejaron como saldo a seis policías asesinados.

El estado de excepción dispuesto por el mandatario estará vigente hasta el 15 de diciembre e incluye un toque de queda entre las 23h00 y las 05h00, como medida de seguridad para retomar la paz en las provincias donde rige el decreto.

El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que, de acuerdo al último balance realizado por el gobierno central, la fuerza pública ha realizado 41.611 operativos que permitieron la revisión y registro de 317.000 personas y de 283.000 vehículos.

Como parte de los operativos, las autoridades lograron desarticular a 28 bandas criminales y decomisaron 284 armas5.489 municiones y 2.317 gramos de droga. Las ciudades más afectadas por los atentados fueron GuayaquilDurán y Esmeraldas, todas en el litoral ecuatoriano.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el presidente Lasso indicó que, gracias al trabajo de los miembros de las fuerzas de seguridad: “Hemos capturado a los responsables de infundir miedo y atentar contra la paz de los ecuatorianos”, escribió.

Ecuador busca recuperar la seguridad ante la última ola de violencia

La administración de Guillermo Lasso busca que Estados Unidos e Israel contribuyan con la nación andina para recuperar la paz y la seguridad perdida por los constantes hechos violentos en las calles y amotinamientos en las distintas prisiones

En una entrevista, Lasso dijo que habló con el presidente estadounidense Joe Biden sobre la necesidad de que Estados Unidos contribuya económicamente al combate contra el narcotráfico: “lo que le he dicho al presidente Biden es que tenemos que compartir la factura porque un país pequeño y con escasos recursos como el Ecuador no puede asumir todo el coste económico que implica la lucha contra el narcotráfico que debemos darla y la vamos a continuar”, aseguró Lasso, quien mantuvo la referida conversación durante la Cumbre de las Américas, celebrada en junio pasado.

Con ese antecedente, el gobierno de Ecuador busca que Estados Unidos done USD 5.000 millones para financiar la estrategia integral de seguridad que impulsa la administración de Guillermo Lasso. El mandatario ecuatoriano ha sido enfático en que se requiere esa cantidad para combatir al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.

Diego Ordóñez, titular de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, aseguró, en una entrevista con Ecuavisa, que el gobierno lleva más de un año gestionando estos fondos con Estados Unidos. Según Ordóñez, la propuesta para el financiamiento y el apoyo para equipar a la fuerza pública fue entregada al Departamento de Defensa, al Comando Sur de Estados Unidos y al Departamento de Estado.

El propósito de esta cooperación es que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas “tengan las capacidades suficientes para poder enfrentar los niveles de criminalidad”. Recientemente, el presidente Guillermo Lasso indicó que la Fuerza Aérea apenas tiene 3 aero.

naves operativas en la Base de Manta, un punto clave para el monitoreo del espacio aéreo y marítimo nacional.

Según revelaron fuentes del Ministerio de Defensa a Infobae, las Fuerzas Armadas no operan a su máxima capacidad porque no cuentan con los recursos necesarios. La estimación sería que la milicia ecuatoriana opera al 25 % de su capacidad total.

También, la última semana, una delegación de expertos israelíes estuvo en Ecuador para cooperar en materia de seguridad con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El objetivo de la comitiva fue guiar a los miembros de la fuerza pública en la elaboración de un plan de adquisiciones de equipamiento de seguridad.

 

 

 

 

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