Pese a la resistencia de un sector de la oposición, la judicatura y el sector empresario, el Gobierno insiste con discutir una ampliación de la membresía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cuyos integrantes se busca licuar en influencia, y sobre los que el Poder Ejecutivo, en boca del Presidente, volvió a cargar.

Alberto Fernández encabezó este martes en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la firma de un convenio para fortalecer el sistema de formación profesional de las fuerzas policiales, en compañía del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el titular de Educación, Jaime Perczyk.

Fernández alabó las condiciones de un programa que impulsa la formación profesional de las fuerzas de seguridad y la posibilidad de realizar incluso una cursada virtual. Atendiendo la demanda que este programa tiene entre los uniformados, sugirió: "Allí donde habría una necesidad, habría un derecho, aunque algunos jueces no lo entiendan". Un sutil dardo dirigido al supremo Carlos Rosenkrantz.

El expresidente de la Corte Suprema fue repudiado semanas atrás al afirmar durante una conferencia en la Universidad de Chile que en la Argentina "hay un síntoma  innegable de fe populista en la idea de que detrás de cada necesidad, siempre debe haber un derecho", porque "vivimos en un mundo de escasez y no puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque, sencillamente, no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades".

INSISTENCIA CON LA REFORMA

En la misma senda crítica que el Presidente, el ministro de Justicia, Martín Soria, criticó a Rosenkrantz y lo consideró "un empleado de Magnetto" (en referencia al CEO del Grupo Clarín), y aseguró que las declaraciones del cortesano son "un sincericidio y un gorilicidio".

El ministro fue con mayor dureza contra los supremos al asumir que "desde el retorno a la democracia nunca se vio una justicia tan sumergida en una crisis institucional", por entender que "cada reclamo popular que llega a la Corte encuentra allí un muro de contención".

Soria avaló el proyecto de ley apoyado por 18 gobernadores, que plantearon al Congreso la ampliación de la Corte Suprema a 25 miembros, con un representante por provincia, y auguró al aire de la AM 750 que "hay un enorme consenso para llevar adelante una profunda reforma del Poder Judicial para devolver prestigio y la Corte Suprema, como cúspide, no es la excepción". 

A juicio del ministro de Justicia, el proyecto presentado por los gobernadores, redactado por Alberto Fernández con letra de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, es "fácilmente aprobable". La iniciativa, no obstante, llegó al Senado la semana pasada y lleva las firmas de los jefes de las bancadas oficialistas José Mayans y Anabel Fernández Sagasti. Su debate en comisión comenzaría en julio.

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